El ministro de Gobierno del régimen de Evo Morales, Carlos Romero, informó el miércoles que la defensa de los nueve bolivianos encarcelados preventivamente en el penal de Alto Hospicio, en Chile, presentará un amparo constitucional para que un juzgado revise si es que se violaron sus derechos al detenerlos.

«La estrategia jurídica recomendó que antes de apelar la detención preventiva de 120 días, en aplicación de los artículos 140 del Código Procesal Penal de Chile se debe interponer un recurso de amparo constitucional. Jurídicamente se ha visto que de acuerdo a los procedimientos constitucionales de Chile, el recurso de amparo procede de manera directa ante la vulneración de derechos fundamentales de ciudadanos», dijo en conferencia de prensa.

Recordemos que el 19 de marzo, nueve bolivianos, dos militares y siete civiles, fueron detenidos en territorio chileno luego de un confuso incidente en que son acusados de intentar robar un camión con carga chileno y de haber usado armas de fuego, por lo que fueron detenidos por Carabineros. El 22 del mismo mes la autoridad judicial dictó prisión preventiva y los funcionarios estatales bolivianos están acusados de robo con intimidación y violencia, porte y tenencia de armas prohibidas y contrabando.

Claudio Vila, uno de los abogados que defienden a los bolivianos, explicó que la decisión de dejar la apelación y recurrir al amparo fue asumida debido a que el primer recurso no atendía de fondo la vulneración de los derechos humanos.

El ministro Romero explicó que «el amparo tiene otras connotaciones y procedimientos en cada país, pero en este caso, representa una acción directa, por eso nos ha parecido correcta la sugerencia de los abogados».

La autoridad anunció que la jurisdicción en la que se presentará el amparo será definida con los afectados, pero adelantó que posiblemente sea en Santiago de Chile.

Agregó que el debate central es que si esas personas fueron vulneradas en sus derechos y sus garantías humanas fundamentales, más allá de discutir si son «asaltantes, contrabandistas o delincuentes», señaló la autoridad paceña.