El Servicio de Impuestos Internos (SII) se encuentra investigando lo que sería un nuevo fraude cometido con la Ley Reservada del Cobre, según consigna un reportaje hecho por el periodista Mauricio Weibel en El Desconcierto.
La nota señala que a mediados de 2016, el jefe del Departamento de Defensa Judicial del SII, abogado Mario Moren, informó al ministro en visita del caso Milicogate, Omar Astudillo, la realización de un proceso de recopilación de antecedentes con irregularidades derivadas de la causa.
El último ilícito que se investiga apunta a la duplicación y venta de facturas por repuestos de automóviles que fueron utilizados para defraudar a la institución, lo cual se hacía una vez empleadas a través de la venta a privados, para que pudieran descontar impuestos.
Hay que recordar que en diciembre de 2014, el comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, le entregó detalles de los fraudes masivos ocurridos con los fondos de la Ley Reservada del Cobre al ministro de Defensa de la época, Jorge Burgos.
Por medio de un informe de 20 páginas, el general Oviedo admitió que su institución pagó entre 2010 y 2014 facturas falsas y de empresas con términos de giro, como PL Ingeniería Limitada, Prat Arquitectos, Mauricio Importadora e Importadora Limitada, Inversiones y Comercio Capellán y Centro de Entrenamiento Kaufmann.
Una de las empresas anteriores, Inversiones y Comercio Capellán solicitó a la Fiscalía abrir una investigación para determinar quiénes serían los responsables de copiar los instrumentos de comercio.
Hasta el momento, los fraudes con la Ley Reservada del Cobre que dieron origen al Milicogate, suman hasta el momento $5.000 millones, lo cual abarca el periodo contemplado entre 2010 y 2014.
Sin embargo, los antecedentes apuntan en esta nueva arista tributaria a quienes tenían acceso preferente a las facturas duplicadas.
En reportaje menciona al mayor José Marchant, de la Dirección de Finanzas, quien explicó ante la VI Fiscalía Militar que “la planificación, asignación de recursos y el pago (…) está centralizado en el Comando de Apoyo al Ejército y la Tesorería”.
Sin embargo, uno de los problemas de la investigación es el uso del servidor en donde fueron respaldadas estas operaciones en el Comando de Apoyo a la Fuerza que es la unidad que está a cargo de tramitar las compras con fondos de la Ley Reservada del Cobre.
La nota periodística estipula que al cabo Juan Carlos Cruz, uno de los principales implicados en el caso, se le preguntó por quién estaba a cargo de salvaguardar la información de las compras de material bélico contenida en el computador y su respuesta fue “nadie”.
Sin embargo, su compañera de trabajo, la sargento Liliana Villagrán, desmintió las declaraciones de Cruz y afirmó que los respaldos computacionales existían, pero la información contable no pudo ser recuperada desde el servidor del Comando de Apoyo a la Fuerza.
Es en ese contexto que desde hace meses, el ministro Astudillo indaga el hallazgo de una caja con material del cabo Juan Carlos Cruz en el Edificio Bicentenario del Ejército, lugar en donde se almacenaba la documentación que ya no estaba en uso del Comando de Apoyo a la Fuerza.
El cabo José Aguilera explicó al ministro que la misión que tenía era la de buscar facturas y documentación anexa, lo cual significó ubicar el material tras dos meses de trabajo en el subterráneo del Edificio Bicentenario del Ejército.
Además, el militar dijo que había actuado por orden del coronel Eduardo Weisser, quien estaba a cargo de la investigación sumaria administrativa por los fraudes.
Respecto a la caja encontrada, Aguilera explicó que al interior había un sobre blanco sellado y que cuando “lo abrí y vi que en su interior tenía facturas originales”.
Tales facturas pertenecen al proveedor Waldo Pinto de Arica, quien admitió ante la Justicia que realizó depósitos en la cuenta corriente del coronel Juan Carlos Guerra como parte de pago por trabajos encargados por el Ejército, además de emitir vales vista a nombre de Cruz y Danilo Alarcón, funcionario de la Dirección de Finanzas de la institución.
Además, otro militar que participó en las indagatorias, el teniente coronel Eduardo Hernández, dijo ante el tribunal que también fueron encontradas facturas originales de Pedro Salinas, otro de los proveedores investigados en el marco del Milicogate.
