El 18 de noviembre de 2014, los diputados DC, Fuad Chahín, Marcelo Chávez, Aldo Cornejo, Sergio Espejo Iván Flores, Pablo Lorenzini, Víctor Torres y Matías Walker, ingresaron el proyecto que regulaba el uso y cobro de estacionamientos en centros comerciales y clínicas. La idea era regular un negocio millonario para las empresas administradoras de aparcaderos y que se hicieran responsables de robos y daños a los vehículos estacionados en esos recintos. De la buena idea se pasó a una mala ley que resulta ser más cara para los usuarios denuncian parlamentarios y ciudadanos que contrastan la nueva modalidad de pago.
“El proyecto original buscaba establecer o regular la gratuidad en los estacionamientos que sirven a un centro comercial”, señala el diputado DC Fuad Chahín.
La propuesta inicial establecía una primera media hora gratuita, la que aumentaba a 2 horas si el usuario presentaba una boleta de compra en alguna de las tiendas del establecimiento, recuerda Chahín, que agrega “esto fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero desechado en el Senado”.
“Lo único que logramos mantener fue la eliminación en el precio del ticket perdido y la primera media hora gratuita en los centros de salud (Urgencia solamente)”, explica el diputado Chahín.
Por su parte el diputado Aldo Cornejo, en línea con las críticas de Chahín, señaló que: “Los cambios más radicales se generaron en el Senado, no en la Cámara, esto a propósito de una erie de puntos controvertidos. Allí el Gobierno entregó una minuta después de la comisión mixta con los puntos que generaban preocupación, y lo mismo lo hizo el Sernac. La ley original fue muy resistida”.
En tanto el diputado Marcelo Chávez apuntó y acuso al ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes: “Acá hubo un lobby desatado de la asociación de dueños de malls y centros comerciales. Tanto así que el ministro de Economía que había apoyado el proyecto en los términos generales, recibió en audiencia a la Asociación de Malls y Centros Comerciales y se dio una vuelta de carnero y apoyó los cambios del Senado”.
En tanto el Sernac envió un correo-comunicado a El Mercurio en el que explicó que “estima que la ley que fue aprobada por el Parlamento constituye, en general, un avance significativo para la protección de los derechos de los consumidores, estableciéndose un conjunto de beneficios a favor de estos”.