El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y el Director de Presupuesto, Sergio Granados, entregaron esta tarde la primera estimación preliminar del gobierno sobre los costos fiscales que demandará la emergencia que aqueja a la zona centro-sur debido a los incendios, que llega a $233 mil millones (US$ 333 millones) y que incluye las tareas de reconstrucción.
Valdés precisó que esta cifra “no es una estimación de los daños del incendio directamente ni las pérdidas para la economía”, sino del impacto fiscal en cuanto a los recursos que el Estado está destinando para ir en ayuda de los afectados, tanto en la etapa de la emergencia como en la reconstrucción. Insistió en que son proyecciones que pueden variar, “ya que como dijo la Presidenta, la situación sigue sucediendo y es indispensable el combate contra el fuego”.
En cuanto a los gastos, detalló que el total se desglosa en $93 mil millones asociados directamente a la emergencia, como recursos en apoyo aéreo para el combate del fuego, despliegue Fuerzas Armadas y brigadistas internacionales, ayuda inmediata a comunidades afectadas y mantenimiento de la capacidad para combatir al fuego en los próximos meses. A eso se suman gastos de apoyo a sectores productivos por $39 mil millones, enfocados a pequeños agricultores y pymes afectadas; reconstrucción de viviendas por $95 mil millones y otros gastos por $5 mil millones que se relacionan básicamente con la recuperación de escuelas y postas.
“Esta estimación no considera el eventual apoyo para pequeños y medianos productores forestales. Todavía estamos trabajando en los catastros respectivos, ya que básicamente CONAF está más en el combate del fuego. Se deben diseñar las líneas de apoyo en este sector, que es muy importante para estas regiones”, explicó la autoridad. Acotó que se trata de apoyos “que hoy no existen”, que se deben destinar especialmente para las pequeñas y medianas plantaciones que están encadenadas a la industria forestal local.
En cuanto al financiamiento, informó que la Presidenta instruyó el uso de dos fuentes: reasignaciones en el Presupuesto en el marco de la flexibilidad presupuestaria que otorga la ley al Ministerio de Hacienda por un total de $ 70 mil millones (US$100 millones) y recursos provenientes del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) y saldos de caja por $163 mil millones (US$ 233 millones).
Descartó precisar más detalles al respecto explicando que se requiere hacer el trabajo de contabilidad dentro del gobierno, ya que en estos momentos se está en el proceso del cierre contable del año 2016, para identificar los espacios para reasignaciones dentro de los ministerios y los saldos de caja. “Estamos a comienzos de año y todas las reparticiones públicas tienen el presupuesto del año, por lo tanto hay tiempo para hacer todos estos arreglos durante los próximos meses. Lo importante es hacer los catastros respectivos y que se despliegue el gobierno para llegar con la ayuda efectiva a los ciudadanos que lo necesitan”, enfatizó.
Ante una consulta, descartó la necesidad de emisión de deuda asociada a este evento. “Tenemos fondos suficientes sin tener que emitir para poder financiar este tipo de situaciones y, más importante todavía, es que la emisión de bonos tiene un techo por ley” que llega a U$11.500 millones para este año. Pero añadió que no ve necesario recurrir a endeudamiento adicional ya que el FEES tiene recursos acumulados en torno a US$ 14 mil millones, de los cuales una fracción menor se destinará a esta emergencia.
En cuanto al uso del 2% constitucional para emergencias en los meses venideros, cuando se cuente con catastros definitivos, señaló que “uno nunca sabe lo que nos puede pasar y por lo tanto siempre es una alternativa, pero no está hoy día como la alternativa para financiar ni autorizar los gastos respectivos”.
Valdés concluyó señalando que el gobierno está trabajando en las estimaciones de impacto de los incendios en el crecimiento, pero que aún no hay información que entregar. No obstante, dijo que la infraestructura fue dañada de forma muy limitada en comparación con otros desastres naturales, lo que implica menores gastos e impactos.
