“El Salvador, Guatemala y Honduras se han convertido prácticamente en zonas de guerra en las que las vidas parecen prescindibles y en las que millones de personas viven con el terror constante a lo que los miembros de las maras o las fuerzas de seguridad pública pueden hacerles a ella o a sus seres queridos. Estos millones de personas son ahora las protagonistas de una de las crisis de refugiados menos visibles del mundo”.

Este es parte del análisis hecho por Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

El denominado Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala) es una de las regiones más violentas del mundo fuera de una zona de conflicto.

En 2015, 17.522 personas fueron víctimas de homicidio en estos tres países. Sólo en El Salvador murieron más personas que en cualquier país sin guerra; y Guatemala y Honduras, que se sitúan entre los cinco países más violentos de América Latina, lo siguen de cerca.

Esta creciente violencia obliga a las personas a huir de sus hogares.

¿Qué les ocurre luego a estas personas?

La mayoría son deportadas de vuelta a sus países de origen, donde se enfrentan a los peligros de los que escaparon. Resulta preocupante que, entre 2010 y 2015, el número de personas hondureñas, guatemaltecas y salvadoreñas deportadas desde México se incrementó en un 179 por ciento.

A juicio de Amnistía Internacional, es improbable que esta cifra se reduzca próximamente. Los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala no están ofreciendo apoyo ni protección a las miles de personas deportadas de vuelta cada año y, en la práctica, están condenando a su propia ciudadanía a una vida de sufrimiento o muerte en su hogar.

El Salvador, Honduras y Guatemala deben garantizar que las personas deportadas gozan de protección frente al peligro cuando regresan a sus países de origen, señala el organismo internacional.

Por ello, pide a los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador que «protejan a su población frente a la violencia; asuman la responsabilidad central para la protección de las personas deportadas y utilicen los medios necesarios ante la demanda provocada por el incremento del número de personas deportadas; identifiquen a las personas deportadas que se encuentran en situación de riesgo para brindarles una protección especial en función de sus necesidades particulares».

Como asimismo, «garanticen que todos los programas para personas migrantes deportadas tienen en cuenta los derechos y los problemas específicos relativos a la protección de grupos tales como las mujeres, los pueblos indígenas, las personas LGBTI y los menores de edad no acompañados; y evalúen los casos individuales de readmisión en procedimientos de asilo».