Las organizaciones ambientalistas Basel Action Network, FIMA y Fundación Terram emplazaron al Gobierno a cumplir sus compromisos internacionales y desistir de lo que ellos llamar «abrir las fronteras para la exportación e importación de residuos peligrosos», que contemplaría la nueva Ley marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje,
En una carta enviada a La Moneda, representantes de Basel Action Network, ONG de alcance global y que se dedica a vigilar el cumplimiento de los compromisos del Convenio de Basilea de 1992, junto con FIMA y Terram, de Chile, señalan que: “Nos preocupa que, con la aprobación del texto del nuevo ‘Reglamento que regula el movimiento transfronterizo de residuos’, actualmente en consulta pública por el Ministerio del Medio Ambiente, Chile se exponga a violar sus obligaciones legales internacionales nacidas con las ratificaciones del Convenio de Basilea, de su Enmienda Prohibitoria y de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Este desconocimiento de sus compromisos legales permanentes podría constituir un peligroso precedente que socavaría más de 20 años de esfuerzos mundiales, en el marco del Convenio de Basilea, para garantizar la justicia y equidad ambiental, esfuerzo en el que Chile ha jugado un papel vital hasta la fecha”.
Jim Puckett, Flavia Liberona y Ezio Costa señalan que Chile ratificó el Convenio de Basilea en agosto de 1992 y, por lo tanto, debe cumplir con sus obligaciones e implementarlas en su legislación interna. Sin embargo, el artículo 8 de la Ley en relación al Artículo 4 del Reglamento así como los artículos 36 y 52 contradicen estas obligaciones.
En relación a la Enmienda Prohibitoria ratificada por Chile en 2009 con ocasión del ingreso de Chile a la OCDE, y que prohíbe la exportación de residuos peligrosos a Estados fuera de la OCDE y de la Unión Europea desde Estados pertenecientes a estas organizaciones, se hace presente en el documento que Chile es ahora un país de la OCDE y, que como tal, no debiera exportar más sus residuos peligrosos a países no OCDE o no Unión Europea, bajo ninguna razón. Aunque la Enmienda Prohibitoria no haya entrado aún en vigencia, conforme a los términos de la Convención de Viena de Derecho de los Tratados; Chile no debe actuar en perjuicio de los objetivos de un tratado que haya ratificado. Además, bajo el gobierno anterior, Chile fue uno de los estados que trabajó diligentemente en el esfuerzo diplomático conocido como the “Swiss-Indonesian Country-Led Initiative (CLI)”, que llevó al consenso, con ocasión de la COP 10 de 2011, de promover su pronta entrada en vigor. Al hacerlo, el Estado de Chile demostró su pleno y continuo apoyo a la Enmienda que había ratificado anteriormente, así como una comprensión de la gravedad de la cuestión y de lo que significaría una excepción o incumplimiento por parte de un país de la OCDE.
“Estamos muy sorprendidos de ver que los artículos 36 y 52 contradicen directamente la Enmienda prohibitoria que Chile ratificó y defendió con fuerza”, coincidieron en señalar los representantes de las ONGs.
La carta termina señalando al gobierno: “Esperamos que estos cambios al texto propuesto lleven a que la legislación doméstica chilena esté alineada con las obligaciones de sus tratados. Hacer lo contrario establecería un precedente alarmante y amenazaría la gobernanza internacional. Quedamos a su disposición para ayudar en los esfuerzos por enmendar el Reglamento propuesto, de modo de garantizar la coherencia jurídica internacional.»
