Un fuerte desmentido realizó ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados el titular de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), Felipe Irarrázabal, respecto de diversas aseveraciones vertidas en la prensa, que apuntan a un actuar negligente del organismo, en torno al caso de colusión de los pañales que involucró a las empresas CMPC y Kimberly Clark.

Ante los legisladores, Irarrázabal descartó que la Fiscalía no haya realizado una investigación sobre el caso y remarcó que las indagatorias se iniciaron conjuntamente con las del papel tissue. Asimismo, sostuvo que nunca se ha querido avalar la impunidad y descartó que el periodo de prescripción se haya alcanzado por una lentitud de las pesquisas que tuvieron como objeto tratar de ampliar el marco de aplicación de la ley.

«En lo que nosotros nos concentramos, justamente, era ver qué pasaba con este mercado con posterioridad al 2009, porque en 2009, a nuestro juicio, hubo contactos indebidos entre CMPC y Kimberly Clark y queríamos ver si esos contactos habrían producido de alguna forma efectos, pero no para los temas de los daños, esta es una cuestión re técnica que hay que hacer la diferencia, sino que había producido efectos para ver si se podía de alguna forma ampliar la regla de la prescripción, que es una regla que establece que el cómputo se inicia desde los efectos del acuerdo y en eso nos centramos básicamente trece meses y es una cuestión que no es fácil de ver«, remarcó el fiscal.

En su intervención, Irarrázabal defendió particularmente ante los legisladores la herramienta de la delación compensada (uno de los participantes de la colusión delata la operación a cambio de determinadas compensaciones legales) como medio para detectar y sancionar a los carteles en los distintos mercados del país, indicando que «queremos que la delación compensada se convierta en ‘el vehículo’ para desbaratar carteles«.

El fiscal también recordó que la ley que entregó nuevas facultades a la FNE lleva solo cuatro meses de vigencia y que, por tanto, el caso de los pañales tuvo que ser visto conforme a la legislación previa. En este plano, llamó a los legisladores a tener confianza en el accionar de la institución como órgano persecutor y al uso que se hará de la nueva normativa para la desactivación y persecución de los carteles de colusión.

La autoridad lamentó la filtración, calificándola como muy grave y perjudicial para la confianza del sistema, y confirmó la realización de un sumario interno para evaluar si los antecedentes fueron revelados desde el interior de la institución o si ello ocurrió desde otra instancia. En todo caso, resaltó que la Fiscalía siempre hace público el fondo de sus investigaciones al cierre del expediente, aunque estas sean desestimadas (como en el caso de los pañales), aunque reconoció que no se habría informado sobre la delación compensada para proteger dicha institución y no desincentivar a que otras empresas se acerquen a hacer denuncias de colusión acogiéndose a esta figura legal.

Sobre el caso en particular de la colusión de los pañales, el fiscal y sus asesores directos explicaron que no hubo antecedentes que permitieran ampliar el plazo de prescripción, vencido en 2014, ya que los datos indicaban que no había una coordinación efectiva después del año 2009 (el periodo de la colusión se habría verificado entre 2002 y 2009, particularmente para los pañales para niños del tipo medio-alto, donde se concentra el 50% de la oferta). En tal plano, argumentaron, solo restó declarar el sobreseimiento.

Observaciones y reparos

Las explicaciones del fiscal fueron acogidas por los integrantes de la Comisión y, en general, se manifestaron inquietudes respecto de la aplicación de la nueva ley y sobre la necesidad de dar señales de transparencia a la ciudadanía.

«Tenemos una ley nueva hace cuatro meses y creo que se ha avanzado mucho, probablemente en un año más tengamos que revisar cómo ha funcionado el tema de la delación, de la persecución de la colusión, pero lo que no puede ocurrir más es que los consumidores sientan que siempre hay un abuso de parte de las empresas y hay que buscar que las empresas de verdad repongan este robo«, planteó la presidenta de la Comisión, diputada Maya Fernández (PS).

Sin embargo, algunos legisladores, y muy particularmente el diputado Fuad Chahin (DC), fueron más críticos, cuestionando incluso la permanencia del fiscal en su cargo.

«Me parece que habla de una actitud pusilánime del fiscal, negligente y donde se resguardó más bien el interés de las empresas que el interés de la opinión pública del país, que es el interés general. Yo considero que, desde ese punto de vista, las explicaciones que ha dado el fiscal son absolutamente insatisfactorias. De hecho, cuando lo emplace por última vez no fue capaz de responder, solamente me pidió un acto de fe, creo que esa no es una respuesta que tiene que dar un fiscal nacional económico«, evaluó el parlamentario.

Para el legislador, en ningún momento se entregaron argumentos que expliquen claramente porque la Fiscalía no llevó el caso de colusión de los pañales ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y que fuera en dicha instancia donde las empresas tuvieran que argumentar la caducidad de la acción y no que fuera la misma FNE la que la declarara antes.

A juicio del legislador, por esta vía judicial se habría transparentado el caso ante la opinión pública y no habría sido necesario una filtración para que se conocieran y sancionaran los hechos.