La jefa de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong, se encuentra investigando una nueva arista del caso contra Endesa por la realización de eventuales pagos irregulares a Personas Expuestas Políticamente (PEP).

Esta última causa fue abierta en Chile tras una solicitud de información de la Fiscalía de España, que indaga a la eléctrica por presunto cohecho internacional.

Sobre la nueva arista: El 30 de septiembre pasado la concejal de San Clemente María Inés Sepúlveda denunció ante la fiscalía una presunta irregularidad que involucraría a la municipalidad y a la empresa Endesa, firma que está construyendo la Central Hidroeléctrica Los Cóndores en la Región del Maule.

Según detalló hoy La Tercera, la concejal denunció a Chong que el 25 de septiembre de 2013 en una reunión ordinaria del concejo municipal, el alcalde Juan Rojas “nos comunicó la existencia de una mesa de trabajo entre Endesa Chile y dos funcionarios municipales de plena confianza del alcalde. En dicha oportunidad se nos planteó que ‘la gente de Endesa quiere llegar en forma rápida a firmar un convenio’”.

Se trata de un convenio de responsabilidad social empresarial firmado por la eléctrica y el municipio en septiembre de ese mismo año, donde la empresa aportaría un total de $ 2.618 millones para financiar proyectos comunales en San Clemente.

De acuerdo al contrato, “la entrega del aporte supone la condición que no se entorpezca de manera ilegítima el normal avance de los trabajos de construcción del Proyecto Hidroeléctrico Central Los Cóndores, ni que se vea afectado el normal funcionamiento de las actuales instalaciones de generación eléctrica presentes en el territorio”.

De acuerdo a la versión de la concejal Sepúlveda, el alcalde dijo en una sesión donde se aprobó el convenio que “la empresa eléctrica aportaría al municipio en la hipótesis que la Dirección de Obras Hidráulicas le apruebe el Proyecto de Construcción Central Hidroeléctrica Los Cóndores”.

La persecutora tiene además en su poder un informe de la Contraloría Regional de Maule de agosto de 2016, donde se establece que “la suscripción del convenio infringió el principio de probidad administrativa por parte de la autoridad comunal, por cuanto a este se le exige, en el cumplimiento de sus funciones públicas, la adopción de decisiones razonables e imparciales”.

“Ante cualquier accionar de Endesa que interfiera con alguna de las amplias atribuciones que la Ley Orgánica de Municipalidades ha entregado al Municipio de San Clemente, éste se encontrará condicionado para emitir algún pronunciamiento favorable”, agrega el texto.

De esta forma, el municipio recibió de parte de Endesa (hasta agosto pasado) $731 millones, de los cuales ya había gastado $ 362 millones. Según Contraloría, el dinero se destinó a proyectos en beneficio de la comunidad.

La empresa declaró al respecto: “Como Enel Generación Chile queremos señalar que hemos actuado permanentemente en total cumplimiento de nuestra legislación y, como siempre, estamos a completa disposición de las autoridades públicas para facilitar toda la información que sea requerida por éstas”.

“Enel Generación Chile dispone de una política de sostenibilidad enfocada en la participación e inclusión del territorio fortaleciendo el desarrollo social de los lugares donde están nuestros activos”, concluyó.