Ante la anunciada petición de perdón que realizaría un conjunto de ex uniformados y ex agentes de los servicios de seguridad de la dictadura, con el objetivo de conseguir apoyo para sus solicitudes de indulto por razones humanitarias, el senador del PS, Alfonso De Urresti, fue enfático en señalar que “cuando no hay arrepentimiento ni colaboración con la verdad y la justicia, no se pueden alegar razones humanitarias”.

El parlamentario, integrante de la Comisión de Constitución, dijo que “este no es un tema personal, sino de respeto al Estado de Derecho, a nuestros compromisos internacionales y al legado moral que dejaremos a las futuras generaciones. En el marco del derecho internacional, la propia Corte Penal Internacional (CPI) establece criterios para revisar las reducciones de penas, entre ellos que el recluso haya manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar en las investigaciones, lo que aquí no ha ocurrido”.

De Urresti indicó que “aunque efectivamente la CPI también considera el deterioro de la salud física o mental entre los criterios a tener presentes, parte por tener en cuenta la conducta del condenado durante su detención, respecto a mostrar un auténtico distanciamiento del crimen cometido, la existencia de medidas que hubiera adoptado el condenado en beneficio de las víctimas y sus familias y el que la liberación del condenado no cree una gran inestabilidad social. En este caso, muchas de ellas no se cumplen”.

El legislador del PS insistió en que “no existe animadversión contra las personas, pero así como ha ido pasando el tiempo para los criminales, que han ido envejeciendo, también ha pasado para las familias de los detenidos desaparecidos, que por décadas han esperado saber dónde están sus seres queridos. De hecho, de los más de mil 100 personas desaparecidas, hasta ahora solo se han encontrado los restos de menos de un centenar, lo que se ha producido por informaciones de terceros e investigaciones policiales, más que por la entrega de información por parte de quienes hoy pagan condena por esos crímenes”.

El parlamentario por Los Ríos concluyó señalando que “entendemos el rol que juega la Iglesia Católica en este proceso, así como antes valoramos el que cumplieron defendiendo los derechos de las personas. Este es un tema de toda la sociedad, de la memoria histórica pero, sobre todo, de la justicia y de la verdad”.