La gratuidad universitaria fue una de las banderas de lucha del Movimiento Estudiantil, y esa demanda caló hondo en la sociedad chilena.

El concepto, en sí mismo, es deseable (que el dinero no decida si una persona pueda entrar a la Educación Superior), pero es discutible en cuanto a su cobertura. Que sea universal es deseable, pero no es una prioridad. Sí, es deseable que el estudiante más rico estudie junto al estudiante más pobre (que deberían hacerlo desde la educación preescolar), haciendo nuestra sociedad más cohesionada y justa, pero la cantidad de dinero necesaria para financiar al 25% más rico es muy grande.

Esa misma cantidad de dinero puede destinarse al área de Salud o Pensiones (actualmente inaceptables) dando beneficios más tangibles e inmediatos a la población. Eventualmente, cuando el Estado tenga una Salud, Vivienda y Pensiones aceptables, podrá comenzar a financiar la gratuidad universitaria universal. Por mientras, financiando al 75% de los estudiantes es una meta aceptable en el corto plazo.
Esta semana se aprobó en el Congreso la partida del Ministerio de Educación para el Presupuesto 2017, que nuevamente incluye en una glosa presupuestaria a la gratuidad universitaria.

A diferencia del año pasado, el Gobierno negoció de antemano con la derecha para evitar que ésta presentase un requerimiento al Tribunal Constitucional por discriminación arbitraria, puesto que la glosa del año pasado sólo financiaba a alumnos de universidades del CRUCh.
La actual Constitución no reconoce un trato preferencial del Estado hacia esas universidades, por lo que financiar a ciertos estudiantes por estudiar en ciertas casas de estudio es en efecto discriminatorio y, por tanto, inconstitucional.

Pero no hay que olvidar que la gratuidad es parte de un asunto mucho más grande: la estructura y funcionamiento de la Educación Superior en Chile.

El Gobierno se supone que entendía esto, por lo que presentó un proyecto de ley que definía este asunto, en el marco de la Reforma Educacional. Pero el proyecto generó rechazos de forma transversal, quedando hasta el momento estancado en el Congreso.

En vista de eso se decide, de forma irresponsable, adelantar la medida más popular y cortoplacista de la Reforma: la gratuidad. Sin hacer ningún cambio estructural, sin un marco legal, ni definiendo el concepto de educación pública universitaria.

Ahora con el capital político del gobierno casi extinto y a casi un año del término del mandato presidencial, es muy poco probable que el proyecto avance en el Congreso y logre ser promulgado.

Esta situación refuerza la identificación de uno de los tantos problemas que ha tenido esta administración: ejecutar mal los proyectos.
En educación está el caso de la ley que pone fin al copago, lucro y selección en la educación escolar. Fue la primera medida de la Reforma Educacional, cuando en primer lugar se debió haber reforzado contundentemente la educación municipal, para que, a ojos de la ciudadanía, la alternativa pública sea una opción real para educar a sus hijos.

Esta ley era necesaria y positiva, pero se ejecutó de mala forma.

Ahora en la Educación Superior se deja de lado la discusión más seria y de largo plazo: cómo entenderla, cómo organizarla y cómo financiarla. Esto pasa por una Ley de Educación Superior, y un cambio en la Constitución que permita armonizar y sustentar legalmente los cambios que se necesitan hacer.

Al no tener la determinación de hacer el camino responsable, este asunto tan importante para el desarrollo de Chile se redujo a la fragilidad y temporalidad de una glosa presupuestaria en la partida del Ministerio de Educación para el Presupuesto del año 2017.