El ex miembro del Comando Conjunto, César Luis Palma Ramírez, quien estaba cumpliendo condena en Punta Peuco por violaciones a los derechos humanos, murió la noche del sábado de acuerdo a lo informado por su abogado, Raúl Meza.
Conocido como “El Fifo” en los organismos represivos, Palma Ramírez falleció producto de la enfermedad terminal en el hospital de la Fuerza Aérea, donde fue trasladado desde Punta Peuco.
Fue empleado civil de la Fach y perteneció al grupo terrorista de ultraderecha «Patria y Libertad«, integrando un comando que el 26 de julio de 1973 asesinó en su domicilio al comandante de la Marina Arturo Araya Peeters, edecán naval del Presidente Salvador Allende.
Producto de ese crimen, “El Fifo” fue condenado a 543 días de prisión, pero luego del golpe fue indultado por el régimen de Augusto Pinochet.
Posteriormente fue contratado como empleado civil de la Fuerza Aérea, siendo destinado al «Comando Conjunto«, grupo represor integrado por agentes de todas las ramas de las Fuerzas Armadas.
En 2007 fue condenado a tres años de presidio por el secuestro y desaparición en 1976 del militante comunista y químico farmacéutico Carlos Contreras Maluje, recibiendo también otra condena de 5 años en 2010 por el secuestro calificado de Humberto Fuentes Rodríguez, miembro del PC que fue detenido en 1975.
César Luis Palma estuvo prófugo de la Justicia hasta 2008, cuando fue descubierto mientras se ocultaba en un pequeño poblado del sur del país, consigna radio Cooperativa.
Además, también fue condenado en otras seis causas por la desaparición de 13 dirigentes del Partido Comunista, todas ocurridas entre los años 1975 y 1976.
Sus restos serán velados este domingo en la Parroquia San Juan Apóstol a partir de las 19:00 horas, mientras que sus funerales se realizarán en el Cementerio General este lunes.
La muerte de este ex represor se produce en medio de un debate para que los condenados por violaciones de los derechos humanos con enfermedades terminales o demencia senil, puedan cumplir sus penas en sus hogares.
Algunas autoridades del Poder Judicial como el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, e incluso el propio ministro de Justicia, Jaime Campos, han expresado su posición a favor que presos en esas condiciones sean excarcelados.
Sin embargo, esta idea ha sido rechazada por sectores de izquierda, mientras que las agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura han manifestado con más fuerza la negativa a tal idea.