El juez Julián Ercolini decidió procesar a la ex Presidenta Cristina Kirchner por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada, ordenando también un embargo por 10.000 millones de pesos (unos 664 millones de dólares), en una causa que investiga presuntas irregularidades en la concesión de obra pública durante su mandato.

El magistrado también ordenó el procesamiento de, entre otros, Lázaro Báez; el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López.

Las investigaciones judiciales apuntan a explicar la legalidad de las obras públicas que fueron entregadas al Grupo Austral, de Lázaro Báez –cercano al fallecido ex Presidente Néstor Kirchner- y que según la Fiscalía apuntan a que hubo “un plan sistemático ideado y ejecutado desde la Presidencia y orientado a saquear las arcas del Estado a través de la asignación de obra pública”.

Báez se encuentra actualmente detenido por otra causa por presunto lavado de dinero.

La justicia argentina también indaga a la “Señora K” por supuestas operaciones financieras que el Banco Central hizo bajo sus órdenes, cuando estaba en el mandato de su cargo, para asegurar el valor de venta del dólar con varios meses de antelación a un precio menor al previsto en los mercados internacionales.

Kirchner también está siendo investigada por un delito de blanqueo de capitales en otro caso que se sigue por la supuesta existencia de una red integrada por funcionarios y empresarios para el desvío de fondos públicos.