En el marco del debate legislativo sobre la Ley 20.000 en Chile, presentamos al Parlamento indicaciones para que esta logre ser una herramienta más efectiva en la persecución del narcotráfico.
Buscamos facilitar que las policías y quienes son parte de los procesos de persecución puedan focalizarse en los verdaderos delincuentes. Proponemos entregar la competencia de las faltas a los Juzgados de Policía Local, con el objetivo de descongestionar el sistema penal y garantizar un trato proporcional. Faltas como el consumo de cannabis en la vía pública dejarán de empujar a personas innecesariamente al sistema penal y frenarán la estigmatización.
Hemos ingresado criterios objetivos que establecen diferencias entre consumo, micro o gran tráfico. Ningún consumidor de cannabis puede ser castigado o estigmatizado sólo por consumir. Es necesario evitar empujar a usuarios a las sombras, donde ni el Estado ni sus entornos pueden llegar a ayudarles si lo necesitan.
Hoy las categorías son rígidas. Por esto, planteamos un enfoque flexible respecto a la cannabis, gracias a la creación de un piso de derechos y garantías que entreguen certeza jurídica a usuarios. Todo lo que supere ese piso será debidamente evaluado cuando lo amerite. Por ejemplo, si el piso llega a ser una planta, todo lo que supere esta cantidad puede ser evaluado para determinar a qué corresponde, subsistiendo la posibilidad de probar que es para uso personal. Lograremos así más eficiencia en la persecución a los eslabones superiores de la cadena de valor. Esto significaría un impacto directo sobre los recursos policiales que podrían ser usados de mejor manera para perseguir el narcotráfico. Por ejemplo, en 2015, el 23% de los procedimientos por cultivos correspondió a la incautación de una sola planta. No cabe duda que las cantidades pueden eventualmente estar sujetas a discusión, pero lo importante es establecer parámetros claros y concretos que nos permitan avanzar en reformas sustantivas y efectivas.
Proponemos mejorar la normativa de control de precursores estableciendo un sistema de vigilancia permanente al desvío de químicos hacia el tráfico y la fabricación de drogas. En paralelo, mejoramos el sistema de enajenación temprana y ejecución de bienes decomisados para aumentar los recursos destinados a la prevención y educación.
Finalmente, proponemos sanciones severas a la venta y promoción del uso de drogas a niños y adolescentes. Todos quienes irresponsablemente promuevan o faciliten su uso deben ser castigados. Esto en un contexto de mayor educación respecto a los daños que genera el consumo en la población, apuntando a que esta tenga una percepción de riesgo razonable junto con herramientas para tomar decisiones responsables.
