El diputado PS y presidente de la comisión investigadora de las pensiones millonarias, Leonardo Soto, dio a conocer este miércoles antecedentes sobre el otorgamiento de cuatro jubilaciones correspondientes a ex altos directivos de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), que la propia institución, a partir de solicitudes realizadas por la instancia fiscalizadora, identificó que presentan irregularidades en un oficio remitido a la Cámara de Diputados.

El parlamentario señaló que estas presentan «graves discrepancias» entre la base imponible y el cálculo utilizado para asignarlas, tanto por superar el tope de 60UF que se les debía aplicar, como por incluir asignaciones que no correspondían según la normativa vigente, alterando artificialmente con ello el monto de la pensión.

Según la información entregada estas corresponden a la ex Vicepresidenta Ejecutiva de Capredena Patricia Ewing Pinochet, quien actualmente recibe 4.868.017 pesos, y los ex directivos Luis Jara Lepe (4.035.277), Juan Vargas Cordero (3.744.519) y Carlos Fuentes Gajardo (2.863.087).

«Creemos que con esto se está confirmando que había irregularidades no tan solo en Gendarmería, que fueron los 11 ‘jubilazos’ que conmocionaron a la opinión pública, sino que también en el sistema previsional de las FFAA», destacó el diputado Soto, quien al tratarse ahora de los propios encargados de calcular «estos nuevos jubilazos» apuntó a que «pareciera que también se confirma la tesis de el que reparte se lleva la mejor parte».

En cuanto al perjuicio fiscal que producen las cuatro pensiones cuestionadas, Soto lo estimó en sobre los 100 millones de pesos anuales, y puesto que se comenzaron a entregar entre los años 2007 y 2011, el monto total de perjuicio a la fecha en 750 millones de pesos.

Frente a todo lo anterior, el legislador anunció que mañana jueves entregará los antecedentes a la Contraloría General de la República, la que señaló «debería iniciar un proceso invalidatorio para dejar sin efecto estas pensiones irregularmente otorgadas».

Asimismo, Soto no descartó que se inicien acciones penales tras el correspondiente análisis de Contraloría, indicando que «si ha habido colusión entre los que elaboran la pensión y los que la reciben sin duda hay un delito, y yo diría que estos antecedentes pueden desemboscar perfectamente en una investigación penal».

«Estas pensiones millonarias de hasta casi cinco millones de pesos son capaces de destruir todo el sistema, por tanto los mismos beneficiarios y quienes las calculan debiesen ser los primeros interesados en que estos casos, que son claramente abusos y pensiones desproporcionadas, deban ser revisadas y acotadas», concluyó el paralamentario.