El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, explicó la decisión adoptada por el Concejo Municipal para expropiar terrenos a la emblemática planta de CMPC que está ubicada en esa comuna, afirmando que todo se hace dentro de un contexto en que “la empresa ha quebrado las confianzas”, en referencia al último caso de colusión en que la compañía de los Matte realizó con Kimberly Clark para fijar los precios de los pañales.
En entrevista con El Mercurio, el edil señala que “entre 2012 y 2013, la empresa de los Matte se había comprometido a brindar la conectividad necesaria por la avenida Nonato Coo, luego de que el concejo municipal aprobara a la firma la construcción de una central de cogeneración en Puente Alto, paso previo para que después las autoridades ambientales le dieran también visto bueno, pero “hasta el momento, se han ido siempre con voladores de luces«.
Respecto a si la expropiación es legal como la plantea, Codina señala que «esto es hacer un esfuerzo desde el municipio para que se cumpla la ley, y se cumpla el Estado de Derecho. Lo que no ha cumplido la Papelera es lo que está establecido en la normativa vial del plan regulador metropolitano de Santiago de 1994 y el plan regulador comunal de 2003. Se esperó la buena voluntad de la empresa, también con alcaldes anteriores, pero lo que se demostró con la colusión y con otras acciones es que no tendrá buena voluntad«.
«La decisión jurídica y política del concejo de presionar a través del mecanismo de la expropiación tiene un contexto, y el considerando es que la empresa ha quebrado las confianzas. Veníamos trabajando con la compañía para buscar soluciones, pero nos enteramos de que está en la colusión de pañales y uno no sabe en qué confiar«, explica.
En ese sentido, sostuvo que dará un plazo prudente a la CMPC para que conversen y se negocie el tema, pero advierte que “en caso de que no cumplan con esto, debería hacer un requerimiento al Serviu y al Ministerio de Obras Públicas para que se genere la vía de financiamiento para ejecutar la expropiación. Eso significa que se activa una tasación para que no se establezca un monto arbitrario. Nadie quiere perjudicar económicamente a la empresa«.
Agregó que con la apertura de la avenida se beneficiaría unas 150 mil personas y “la comunidad, lo único que quiere es que abran la calle, pero la empresa no tiene mucha voluntad«.