Este lunes por medio de una resolución parlamentaria se plantea la urgencia de retomar la discusión del proyecto que establece un nuevo mecanismo de financiamiento de la Defensa Nacional, diferente a la Ley Reservada del Cobre, radicado actualmente en el Senado.
Este lunes por 92 votos a favor y 4 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó la Resolución 677, que solicita a la Presidenta de la República que se acelere la tramitación del proyecto de ley que establece un nuevo mecanismo de financiamiento para las Fuerzas Armadas.
La resolución fue presentada por los diputados PS Denise Pascal, Daniella Cicardini y Osvaldo Andrade, radicales Marcos Espinosa y Marcela Hernando, PC Lautaro Carmona, DC Yasna Provoste e IC Sergio Aguiló.
Los legisladores plantean que la baja en los precios internacionales del cobre ha provocado serias dificultades a Codelco, a las que se suma la Ley Reservada del Cobre, que obliga a la cuprífera a entregar el 10% de las ventas al financiamiento de las Fuerzas Armadas, con un piso mínimo, que solo para este año alcanzaría los 320 millones de dólares.
Añaden que, además de las consideraciones sobre el estado financiero de Codelco, cabe considerar que el actual mecanismo de financiamiento de las FFAA tiene múltiples deficiencias, entre ellas la ausencia del Congreso Nacional en la discusión de un tema tan relevante como este, y que en las princiales democracias del mundo el presupueso en materia de defensa está radicado en el Poder legislativo.
Se sostiene, asimismo, que también es deficiente desde el punto de vista de la asignación de recursos porque «carece de todo sentido vincular el gasto militar al precio internacional del cobre».
Ante esto, la resolución postula la urgencia de legislar sobre esta materia, retomando el proyecto que está actualmente radicado en el Senado, pese a que los parlamenatrios autores de la resolución subrayan que tienen discrepancias con algunas disposiciones del mismo, particularmente el garantizar un piso mínimo a la Defensa Nacional, porque concede un privilegio que bien podría concederse a otros ámbitos del quehacer nacional como educación o salud.