Un cuestionamiento directo a los partidos políticos hicieron este domingo los expertos en materias de probidad luego de que se diera a conocer que uno de cada cuatro candidatos a alcalde ha tenido antecedentes judiciales, reproches de Contraloría o deudas morosas con el Estado y sus respectivas entidades universitarias. El estudio se realizó en base a una muestra de 411 candidatos a alcalde en 97 comunas del país. Olga Feliú y Álvaro Castañón -ambos integraron el Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, tráfico de influencias y la corrupción, conocida como la comisión Engel- y Jorge Jaraquemada, del Consejo para la Transparente, afirmaron, según consigna «El Mercurio», que les alarmó el alto número de involucrados en estos casos, por lo que, pidieron a las colectividades inhabilitar a dichos postulantes.
CASOS
Un caso que comentaron fue el del DC Roberto Urrutia, ex alcalde de Constitución, quien fue destituido en dos oportunidades: en 2006 tras ser hallado culpable del delito de fraude al fisco; y en 2003, después de ser condenado como autor del delito de injurias con abuso de publicidad en 2002. Jaraquemada, en todo caso, dijo que «hay casos en todos los partidos», por lo que, explicó, le llamó la atención que las colectividades «no sean más prolijas en la elección de sus candidatos de cara a la elección municipal de octubre». El miembro del Consejo para la Transparencia señaló que lanzaron la plataforma «Candidato Transparente», en la que los mismos postulantes tienen la posibilidad de dar a conocer sus antecedentes para la campaña. Iniciativa que, dijo, suscribió «la gran mayoría de los partidos», pero hasta ahora, aseguró, «no ha sido muy utilizada». «El primer filtro» El abogado Castañón apeló a la responsabilidad directa de los partidos políticos, enfatizando en que son ellos quienes deben «generar altos estándares éticos y ser el primer filtro». Asimismo, llamó a «inhabilitar a quienes tienen problemas de probidad», sosteniendo que los postulantes a los sillones edilicios u otros cargos públicos «no pueden ser candidatos por lo menos hasta que eso se aclare». Por su parte, la abogada Feliú informó que, «la cifra es sumamente alta y causa preocupación desde un punto de vista de probidad», afirmando que a quienes registren antecedentes los partidos «no deberían llevarlos como candidatos».
