Este jueves el diputado Jaime Pilowsky (DC), presidente de la Comisión Investigadora por el Fraude en el Ejército, conocido como “MilicoGate”, entregó el un detallado informe de 225 páginas en que se dan detalles del caso para que, ahora la Cámara inicie el análisis del resultado de la Comisión Investigadora.
Una de las recomendaciones principales es proponer la derogación de la Ley Reservada del Cobre: “El actual sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas cumplió un ciclo. Es necesario establecer un nuevo esquema de financiamiento de ellas que permita la planificación a largo plazo de la Defensa Nacional, una mayor participación del Congreso Nacional en las autorizaciones y controles de los recursos, y mecanismos potentes de control a través de la Contraloría General de la República”, (Pág.214 del Informe)
El documento describe los distintos testimonios, incluidos los de las propias autoridades del Ejército, del Gobierno y de la Contraloría, para luego dar paso a un capítulo dedicado a establecer las conclusiones de la investigación, y responsabiliza no sólo al ejército, sino que al Ministerio de Defensa y a la Contraloría General de la República.
Revise el Informe de de Comisión Investigadora: informe-fraude-ejercito
La Comisión estimó que la Contraloría General de la República, en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras y en el desempeño de su labor, tiene responsabilidades por cuanto hubo falta de diligencia y cuidado al tomar razón, el 13 de mayo de 2005, de un texto que no era original (DS Nº 124, del Ministerio de Defensa), que fue sustento para limitar su “potestad plena” y que contribuyó a no tener una política permanente y eficaz de fiscalización de los fondos de la Ley Reservada del Cobre entregados a las diversas instituciones de las FF.AA.
Además, se acusa falta de diligencia en el ejercicio de la “labor fiscalizadora”, al no haber desarrollado un plan de control y fiscalización prioritario, tomando en consideración la importancia estratégica del área, los cuantiosos recursos que se administran para la compra y mantención del potencial bélico y las especiales características de riesgo; y falta de celo en sus funciones al no ejercer acciones para observar que las rendiciones de cuenta entregadas por el Ejército al Ministerio de Defensa se encuentran en esta Cartera pendientes de aprobación.
En relación al Ministerio de Defensa, se constató la dificultad para implementar la legislación que definió una nueva institucionalidad en la cartera. Asimismo, se acusa fallas y retardos en la implementación de mecanismos de control y se asigna responsabilidad a los Subsecretarios de FF.AA. por el retraso en la aprobación de las rendiciones de cuentas de las inversiones remetidas trimestralmente por el Ejército, previa revisión de los organismos controladores.
Además, señala el documento, se observa que los Ministros, en el período de competencia de esta Comisión, no adoptaron políticas ni programas específicos tendientes a ejercer un control efectivo sobre el adecuado uso de los recursos asignados a las Fuerzas Armadas.
La Comisión también asignó responsabilidades al excomandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, como encargado del correcto funcionamiento de la institución. «No ejerció adecuadamente su rol de supervisión respecto de sus subalternos directos, como son los oficiales que se encontraban a cargo del Comando de Apoyo a la Fuerza y la Contraloría del Ejército», se precisa.
También se le asigna a Fuente-Alba falta de diligencia, por no atender recomendaciones de la Contraloría y se le critica su falta de anuencia para concurrir a la Comisión.
El informe da cuenta que la Contraloría General del Ejército (COTRAE) no cumplió su misión institucional, en orden a desarrollar actividades de control y fiscalización que de garantía del correcto desarrollo de los procesos y procedimientos bajo su tutela; se reprocha el hecho que la Tesorería del Ejercito haya dejado de cumplir su misión institucional, toda vez que no efectuó “la revisión de los documentos que permiten el pago de los compromisos asumidos por la Institución; y se acusa al Comando de Apoyo a la Fuerza, y muy particularmente a los generales que lo dirigieron entre 2010 y 2014, de no cumplir su deber de controlar los fondos provenientes de la LRC».
En este ámbito, el texto hace también mención al Consejo Superior de la Defensa Nacional, al Banco Central, la Tesorería General de la República, la Superintendencia de Casinos, la Unidad de Análisis Financiero y Codelco.
Duras recomendaciones
El informe recomienda la derogación de la Ley Reservada del Cobre y se propone establecer un nuevo sistema de financiamiento de las FF.AA. Asimismo, se plantean modificaciones al modelo de transferencia del 10% de Codelco y la utilización del Fondo de Contingencia Estratégica.
Además, se recomienda que todos los informes finales y los de seguimiento de la Contraloría sean remitidos a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, para su conocimiento y fines respectivos; que se potencie la capacidad del Congreso Nacional para una efectiva fiscalización; que el Ministerio de Defensa Nacional fortalezca los procesos de evaluación de proyectos, de adquisiciones, con los debidos sistemas de control para su adecuada ejecución; y que se especifiquen los Decretos de Inversión asociados a un Proyecto.
Finalmente, entre otras múltiples sugerencias, se pide una actualización de la normativa del Registro Especial de Proveedores del Sector Defensa, así como lo relativo a la incompatibilidad de exoficiales para desempeñarse en empresas proveedoras de bienes y servicios de la Defensa; que establezca un Sistema de Prevención de Delitos y de denuncias al interior de las FF.AA.; se implemente un modelo de gestión de riesgo en el Ejército y se fortalezca el sistema de control institucional.
En un ambiente de suyo complejo por las razones expuesta, resulta relevante destacar las medidas y acciones que ha adoptado el Ejército y el Ministerio de Defensa, a consecuencia precisamente de este fraude, para mejorar los procesos de adquisición y mantención del potencial bélico, potenciar las unidades de control, establecimiento de un nuevo sistemas de información financiera, entre otras, lo que debiera permitir reducir las probabilidades de fraudes como el que se ha investigado, así como de otras posibles irregularidades que se han podido o puedan desarrollar en los procesos de compra.
