Todo indica que el ahora prófugo Rafael Garay, desde su escondite en algún lugar de Rumania o de Europa, dio instrucciones a sus cercanos en Chile para que contacten un estudio de abogados para su defensa.
Garay, que fuera también candidato de senador por el PRO en la Región del Bíobio, enfrenta acusaciones y demandas por estafa que se presentaron en Santiago y Concepción –según datos preliminares- y que hasta ahora alcanzan a los $ 900 millones.
Recordemos que el viernes 23 de septiembre, el 7º Juzgado de Garantía de Santiago emitió una orden nacional e internacional de detención contra Rafael Garay. Se le buscó en Budapest, Rumania, pero ya no estaba. Se especula que habría iniciado trámites en ese país para casarse con una ciudadana rumana.
PDI sigue las pistas
Este jueves la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI por orden del fiscal Centro Norte, José Morales, inició las indagatorias para dar con los $ 920 millones que el ingeniero comercial obtuvo de parte de sus clientes-inversionistas que ingresaron a la empresa –de su propiedad- Think & Co.
A medida que pasan los días, siguen apareciendo “clientes” burlados por Garay como la actual concejala RN de Las Condes, la abogada Regina Aste.
Candidato del PRO que pololeó con RN
En 2013, Rafael Garay también tuvo intenciones de ser político y “pololeó” con RN para ser candidato a senador por la Octava Región Costa.
En ese entonces Garay decía diferenciarse con RN porque él consideraba que el 11 de septiembre fue un golpe de Estado y no otra cosa y entre otros argumentos que dio y que significaron llegar a acuerdo con el partido de Piñera. En ese año (2013) apelaba a un discurso regionalista, en ese momento dijo que: «Espero que Escalona caiga derrotado». Así, Garay se alineó con la propuesta de Marco Enríquez Ominami
En modo candidato, Garay dijo “Estamos aburridos de esta sociedad cartucha”, (19 de agosto de 2013, CNN Chile), en esa misma entrevista también planteó que se debía abrir el debate sobre el aborto, cambiar la Constitución y la necesidad de modificar la Ley 20.000, incluida una venta libre de marihuana, y la necesidad de una AFP estatal en un sistema más solidario.
