Este martes se aprobó en la Comisión de Salud del Senado la idea de legislar la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales específicas como el riesgo de vida de la mujer, la inviabilidad fetal letal y el embarazo producto de una violación.

Como Gobierno estamos muy conformes con esta votación, tras 17 meses de debate en el Congreso, en donde se han expresado diversas visiones, opiniones y puntos de vista sobre el proyecto.

Desde el inicio de este debate, hemos destacado la esencia de este proyecto de ley, que es abrir opciones a las niñas, adolescentes y adultas cuando se vean enfrentadas a alguna de estas tres causales específicas. Como Estado, debemos responder a una necesidad de las mujeres de nuestro país.

Por 27 años hemos tenido una legislación punitiva que no admite ninguna excepción para interrumpir un embarazo y las tres causales que estamos avanzando en legislar esperan entregar respuesta a dolorosas y difíciles situaciones a las que se pueden ver expuestas de las mujeres de manera transversal.

Con esta votación, avanzamos un paso más en la concreción de la petición de una ciudadanía que nos demandaba hace años el que se resguarden el ejercicio de los derechos de las mujeres. Diversos estudios de opinión, evidencian el amplio apoyo a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales específicas, con cifras sobre el 70, como la encuesta de Desarrollo Humano del PNUD; la Encuesta del Centro de Estudios Públicos; la Encuesta CADEM; la Décima Encuesta Nacional Percepciones de las Mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile; la Encuesta de la Fundación Piensa de Valparaíso, la encuesta de Radio Cooperativa – Imaginacción; la Encuesta de la Universidad Diego Portales, las Encuesta Bicentenario; la Encuesta Chile 21 – Criteria; la del Centro de Estudios de Opinión Ciudadana (CEOC) de la Universidad de Talca, entre otras.

Esta iniciativa legal no pretende imponer una postura sobre otra como algunos aseguran, si no que dar las condiciones para que las chilenas puedan decidir qué hacer ante un embrazo producto de la violencia sexual, la inviabiliad fetal o el riesgo de su propia vida. Tampoco se trata de obligar a nadie a que renuncie a sus creencias o convicciones, si no que de generar mayor acceso a que todas tengan las condiciones necesarias de seguridad que ello requiere. De eso justamente se trata el hacer política pública.

La voluntad de dar opciones se amplía incluso a los profesionales de la salud, ya que el proyecto considera la posibilidad de que los médicos manifiesten su objeción de consciencia con anterioridad al establecimiento donde trabajan.

Como Estado, estamos proponiendo apoyar y acompañar a las mujeres en la decisión que tomen: si deciden continuar su embarazo o interrumpirlo, por esto estamos fortaleciendo el sistema público de salud para otorgar más y mejor apoyo y acogida a las mujeres y niñas en nuestro país.

Dentro de los pasos que nos quedan por dar, ahora esta iniciativa se dirige a la Comisión de Constitución y luego a la Sala del Senado, y esperamos que de aquí al cierre del año legislativo esté aprobada esta ley en favor de las mujeres de Chile y continuar avanzando en la agenda de género que se propuso el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.