El Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, abrió un sumario interno luego que estallara el denominado «caso Jubilazo» que tienen relación con millonarias pensiones a las que accedían ex funcionarios de Gendarmería (sobre el tope de 60 UF).

En especial, la recibida por Myriam Olate, ex subdirectora técnica de la institución y ex esposa del diputado PS Osvaldo Andrade, que ascendía a los $5 millones.

Carolina Requena quedó a cargo del sumario interno en Contraloría. Entre los funcionarios que declararon se encuentra Marta Morales, subjefa de la División de Personal de la Administración del Estado de Contraloría.

De acuerdo a su versión, algunos altos funcionarios advirtieron a la entonces contralora subrogante, Patricia Arriagada, de la improcedencia de visar pensiones por sobre el tope de 60 UF.

Sin embargo, declinó revisar los criterios con que se autorizaban las jubilaciones con altos montos.
«A fines del año pasado, estando como contralora subrogante la ex subcontralora, doña Patricia Arriagada, el jefe de área (de Beneficios Previsionales) Samy Mainemer, me comentó que había un problema con las pensiones de Gendarmería», declaró Morales.

Morales tenía bajo su supervisión el Area de Beneficios Previsionales. Esta última área -a cargo de Mainemer- era quien «tomaba razón» o visaba formalmente la entrega de pensiones.

En esa ocasión, Mainemer comentó que las jubilaciones entregadas a Gendarmería “estaban afectas al tope de imponibilidad y que no se estaba cumpliendo. Con ocasión de ello, en una reunión de trabajo habitual sostenida con la contralora subrogante, cerca de noviembre del año pasado, el propio jefe del Area de Beneficios Previsionales se lo planteó en esos mismo términos y que él consideraba que había que hacer algo al respecto”.

“La Contralora Subrogante manifestó en ese momento dos cosas que yo recuerdo, una que se extrañó que se hiciera así por tantos años y que ahora se hubiera detectado, y por otro lado, dijo que ella no estaba en condiciones de hacer ninguna innovación, que no iba a hacer ningún cambio radical ni sustancial que generara cambio o alguna consecuencia mediática, y nos quedamos con ello”, indicó Morales.

Cinco días después, Mainemer declaró que desde que ingresó en 2011 que le parecía «extraño que no se aplicara la normativa» ante pensiones de altos montos, puesto que producto de labores anteriores en la misma Contraloría él conocía dictámenes de 1995 y 1998 que sí fijaban límites.

Así, encontró otros dictámenes de 2004 y 2012 en que se permitía la entrega de pensiones sin tope. «Los dictámenes de 1995 y 1998 fueron derogados tácitamente sin mencionarlo, por dictámenes posteriores que no los aplicaron», dijo Mainemer.

«Luego empecé a notar que la irregularidad de Gendarmería no era sólo de las pensiones sino también de las remuneraciones, como que a los funcionarios se les aumentaban las remuneraciones antes de irse a retiro, por sólo un mes previo, ello vengo detectándolo desde el año 2012, fecha en que incluso le entregué una minuta al contralor general Ramiro Mendoza», agregó Mainemer.

«Es más, una ex colega, Carolina Ansieta, me envió una PPT sobre el proyecto de ley que modifica el régimen previsional de las Fuerzas Armadas y Gendarmería de Chile, en ese momento el ex contralor me dijo que no sería tema dada la contingencia en ese momento con las asociaciones de funcionarios de Gendarmería y con el citado proyecto de ley que estaba en tramitación», concluyó.