“Ellos han exigido a sus representantes, más transparencia y poner coto a la corrupción. Y ésta es nuestra respuesta: nuevas reglas del juego, severas, para quienes ejercen cargos de dirección pública, así como para la relación entre los negocios y la política”, señaló este lunes la Presidenta Bachelet al dar el vamos a la norma que regular y sanciona los conflictos de interés en la función pública.

La nueva regulación establece 3 mecanismos para evitar conflictos de interés en la función pública: declaración de patrimonio e intereses, mandato de administración de cartera de valores y deber de enajenar ciertos bienes.

“Hoy damos un paso importante en materia de generar estas garantías para nuestros compatriotas. Ellos han exigido a sus representantes, más transparencia y poner coto a la corrupción. Y ésta es nuestra respuesta: nuevas reglas del juego, severas, para quienes ejercen cargos de dirección pública, así como para la relación entre los negocios y la política”, señaló la Mandataria.

“Algunas de las iniciativas apuntan a la transparencia de las actividades privadas, cuando está en juego la fe pública afectada por la colusión o malas prácticas comerciales, iniciativas que están hoy día en trámite en el Congreso”, explicó Bachelet.

Y agregó: “Porque la crisis de confianza no es privativa de los liderazgos políticos o de las instituciones públicas. Afecta también al mundo empresarial, y ahí hay un desafío también de reconstrucción de la relación de las empresas con las comunidades, en donde no bastan nuevas leyes, sino que también se requiere el desarrollo de prácticas inclusivas y de creación de valor compartido que sólo pueden provenir de las propias empresas”.

La Mandataria explicó que con la nueva declaración de intereses y patrimonio, quienes ejercen la labor del servicio público tendrán una mayor responsabilidad con la ciudadanía. Agregó que las sanciones por incumplimiento pueden ir desde una multa de 50 Unidades Tributarias Mensuales (casi $3 millones) hasta la destitución.

En segunda instancia, se obliga a que quienes tengan un patrimonio mayor a 25 mil Unidades de Fomento, extiendan un mandato a una entidad establecida específicamente en la ley para su administración. Ese mandato deberá realizarse dentro de los 90 días corridos al asumir el cargo.

En caso de incumplimiento, la sanción puede llegar a mil UTM, es decir, cerca de $46 millones, y se considerará una falta al principio de probidad administrativa.

Y tercero, esta ley obliga a enajenar las participaciones en empresas que presten servicios al Estado, empresas cuyos servicios tengan tarifas reguladas o las que explotan concesiones del Estado.

Así, quienes ejerzan el cargo de Superintendentes, deberán deshacerse de su participación en las empresas que estén sujetas a la competencia o fiscalización de esa Superintendencia.

“Hoy damos un paso extremadamente importante en el avance de la Agenda de Transparencia, porque impacta en un ámbito donde cada vez se debe ser más riguroso, como son los conflictos de interés de los altos funcionarios. Estoy convencida que cuando el conjunto de nuevas reglas entre en vigencia, los chilenos podremos formarnos una imagen completa de la profundidad del cambio que hemos sido capaces de hacer entre todos”, subrayó la Presidenta