Un aviso sobre las intenciones del ministerio de Hacienda de neutralizar los proyectos de ley que avanzan en una concepción de los recursos naturales como bienes públicos encendió el Informe de Desempeño Ambiental sobre Chile, liberado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El organismo, que reúne a las economías más desarrolladas del planeta según los estándares vigentes, aceptó el ingreso de Chile a sus filas en 2010 siendo esta la segunda evaluación de este tipo que se aplica a nuestro país.  La primera fue en 2005.

En un comunicado a la prensa el organismo apunta a que “Chile debe adoptar medidas para frenar las presiones sobre el medio ambiente”, recomendación coherente con las normativas que buscan la modificación al Código de Aguas y establecer la protección de los glaciares y la biodiversidad.  Paradójicamente, son los propios ministerios económicos (Hacienda, Economía, Minería y Energía) los que más tenazmente se han opuesto a estos objetivos.

En el informe de prensa se indica que nuestro país “debe aplicar medidas adicionales para controlar la amenaza a su tierra, aire y agua”. Tanto así que el titular de la Dirección de Medio Ambiente de la entidad, Simon Upton, expresó durante la presentación del 21 de julio en Santiago que “Chile es una potencia económica de América Latina, y la pregunta de los próximos 25 años es si podrá mantener ese crecimiento protegiendo al mismo tiempo su base de activos ambientales”.

En este sentido se indica que  “con una de las economías de la OCDE que hace un uso más intensivo de los recursos naturales y depende en exceso de ellos, como el cobre, la agricultura, la silvicultura y la pesca, para generar crecimiento económico”.

Problemas con el régimen de aguas

Sobre los recursos hídricos señala que “el agua es escasa y está contaminada, se está perdiendo hábitat y existe gran vulnerabilidad al cambio climático”, realidad que precisamente busca revertir la modificación al Código de Aguas que el ministerio de Hacienda bloquea en la Cámara de Diputados.

El diagnóstico que se desprende de un  abstract  del documento, es lapidario: “Las aguas servidas y las escorrentías de la gran industria agrícola han derivado en la contaminación y eutrofización de las aguas superficiales”.

A esto se agrega que “la acuicultura y la minería son fuente importante de contaminación de las aguas”. Y concluye: “Desde hace tiempo opera un mercado de derechos de aprovechamiento de aguas, a pesar de que este no permite alcanzar requerimientos ecológicos en la mitad de las cuencas hídricas del norte del país”.

Ante esto, recomienda “completar la reforma del sistema de asignación de agua para limitar las extracciones, dar prioridad a los usos esenciales del agua y reflejar los requisitos ecológicos, y evaluar los riesgos relacionados con la calidad y cantidad de los recursos hídricos para la toma de mejores decisiones de asignación (enfoque basado en un análisis de riesgo)”. A esto suma la necesidad de “mejorar la transparencia del registro público del agua y sancionar en forma efectiva la extracción ilegal de agua”.

En síntesis, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos da con este reporte – elaborado en conjunto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas- un espaldarazo a las mociones parlamentarias originales para reformar el Código de Aguas y proteger todos los glaciares, lo cual se espera sea atendido por el Ejecutivo para facilitar estos cuerpos normativos y evitar seguir poniendo obstáculos al avance de una legislación que apunte al interés público en materia de ecosistemas y protección ambiental.