Las palabras del presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, en relación a que en la cuprífera estatal «no hay un puto peso» avivan las teorías conspirativas que acusan un plan para privatizar la Corporación. Pero, ¿se trata sólo de ideas afiebradas?
El presidente del directorio de Codelco, Oscar Landerretche, tuvo que salir a explicar esta tarde -a través de La Segunda- algo que estaba dando varias vueltas en las redes sociales: los altos sueldos de la primera línea de la cuprífera estatal.
Él gana $6,9 millones mensuales, es decir, $89 millones al año. «Un muy buen salario, adecuado para mi nivel de calificación y similar al que tenía como director de la Escuela de Economía de la Universidad de Chile», señala Landerretche. El resto de los integrantes de la mesa directiva recibe $4,6 millones al mes, un tercio de lo que perciben los miembros de los directorios de las empresas mineras del mismo rango que la estatal.
«Yo cuando me instalé como presidente del directorio hace dos años, lo primero que me ocurrió es algo que le pasa a cualquier chileno que ve estos sueldos, me impresioné. Por eso, encargamos un estudio a una consultora externa, PwC, para que hiciera una comparación correcta, por funciones, con el sector privado. Lo que muestra ese estudio, es que los sueldos de Codelco para los altos ejecutivos son consistentemente un 20% menores que los del sector privado, desde directores de unidad hasta vicepresidentes. Y en el caso del presidente ejecutivo, es casi un tercio de lo que gana el equivalente privado», declara Landerretche.
«Yo empatizo con la sensación que deja ante el público esos niveles de remuneraciones altísimos. Es chocante, a mí también me choca. Pero la gente tiene que entender que las personas que trabajan acá no van a venir a trabajar si no se les paga más o menos el orden de magnitud que gana en el sector privado. Entiendo que pueda parecer complejo, pero es la realidad que tenemos. Es reflejo de la industria en la que está inserta», insiste.
Según Landerretche, el mensaje de Pizarro no va dirigido a todo Chile. «Es muy importante que los chilenos, que son los dueños de esta empresa, sepan lo que está pasando con ella. Codelco está enfrentando desafíos de realizar inversiones gigantescas después de que durante años se le extrajeron todos los recursos posibles para inversiones y se le ha elevado su nivel de endeudamiento», explica.
¿Privatización?
Para Julián Alcayaga, del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, existen indicios claros de que tras el plan de gestión de la cuprífera estatal se esconde la privatización de Codelco.
El economista recordó tres hechos objetivos: Un estudio de la ONU reveló que existen millonarias subfacturaciones en las exportaciones de cobre, que alcanzan a US$ 16.000 millones entre 1990 y 2014; la deuda de la estatal creció en 247% en 11 años, mientras los políticos llaman al Estado a inyectar mayores recursos en Codelco.
El informe de la ONU dio cuenta de millonarias subfacturaciones en las exportaciones de cobre en varios países. Pero no es algo nuevo, dice Alcayaga.
«Desde hace más de 20 años venimos denunciando la subfacturación por parte de las mineras extranjeras. Tales empresas no declaran ni la cantidad real ni el verdadero contenido de cobre, plata, oro y molibdeno de los concentrados que exportan. Esa evasión tributaria ha sido posible –desde 1990 a la fecha– porque no ha existido voluntad política para fiscalizar las exportaciones mineras», agrega el abogado.
«Desafortunadamente, la subfacturación no es un comportamiento sistemático y exclusivo de las mineras extranjeras: también ha sido un comportamiento sistemático de Codelco desde el año 2010 a la fecha. Los ingresos por ventas declarados en los resultados anuales son muy inferiores a lo que debieran ser en función de la producción y el precio del cobre y sus subproductos. Al enterarnos de esta subfacturación, el 21 de octubre del 2011 presentamos una denuncia al SII por las pérdidas de Codelco de US$ 4.700 millones en mercados de futuro y otros US$ 4.000 millones en subfacturación en las exportaciones. Dos años después presentamos este mismo tipo de denuncia ante el Consejo de Defensa del Estado, cuando las pérdidas en subfacturación ya bordeaban los US$ 14.000 millones», declara.
Por tal razón, dijo, en abril de 2015, junto a la ONG Chile-Cobre, presentó una querella contra quienes resulten responsables en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, por las pérdidas de Codelco en mercados de futuro por US$ 4.700 millones y de US$ 14.000 por subfacturación por ventas, desde el año 2010 a 2014.
La investigación dio pasó a la Fiscalía de Alta Complejidad.
«Mucho ayudaría en esta investigación que el estudio de la ONU revelase qué parte de los US$ 16.000 millones de subfacturación en el cobre chileno corresponden a Codelco, y qué parte a las mineras extranjeras. Es de esperar que en el futuro la ONU osará revelar los nombres de las empresas culpables de la subfacturación y los respectivos montos de ella», afirma Alcayaga.
El segundo dato a considerar, es que la deuda de Codelco creció en 247% en 11 años.
Al término del gobierno de Sebastián Piñera, el endeudamiento era de US$ 11.075 millones, con un aumento de US$7.180 millones en los 4 años de su gobierno. Asimismo, aumentó el endeudamiento –más de US$9 mil millones entre el 2010 y el 2015–, y éste corre paralelamente con las pérdidas por subfacturación que bordean los U$ 15 mil millones.
Alcayaga recuerda que este descalabro ya lo había denunciado en 2011: “Ya lo habíamos dicho en diversas ocasiones: el Sr. Diego Hernández y otros ex ejecutivos de transnacionales mineras, llegaron a Codelco a cumplir el objetivo que siempre persiguieron: su privatización. Pero como para ello se requiere una reforma constitucional y un quórum que es imposible alcanzar en la actualidad, se recurre entonces a una “gestión preparatoria” o “propiciatoria” de una opinión que vaya en ese sentido. Ello consiste en crear tales dificultades financieras y económicas en la Corporación, que se llegue a la “conclusión” que para salvarla ya no queda otro camino que su privatización en su totalidad, o por partes, como ya se está haciendo con la venta de Edelnor, del yacimiento Inca de Oro, y se preparan las condiciones para la venta de Ventanas, El Salvador y Potrerillos”.
De acuerdo al economista, gracias a la ley de gobierno corporativo de la empresa nacional que hizo aprobar Michelle Bachelet en el último año de su anterior mandato, «la administración de Codelco fue ofrecida a ejecutivos venidos directamente de las transnacionales mineras, principalmente de Anglo American y Antofagasta Minerals».
En 2010, fue designado Diego Hernández Presidente Ejecutivo de Codelco y Thomas Keller Vicepresidente de Administración y Finanzas. En la mayoría de las otras vicepresidencias y gerencias importantes de la Corporación, fueron designados ejecutivos de transnacionales mineras.
«Las autoridades de gobierno, parlamentarios de todo el espectro político y hasta el presidente de la FTC, Raimundo Espinoza, se felicitaron de la elección de estos ejecutivos, por su indudable capacidad técnica y experiencia de administración en grandes mineras. Existió un consenso panorámico para considerar que gracias a estos ‘experimentados ejecutivos’ se incrementarían notablemente los resultados de Codelco», señala Alcayaga.
«Pese a la ‘calidad’ de esos ejecutivos, pronosticamos que comenzaba la época de las pérdidas para Codelco. Porque teníamos conciencia que el objetivo de la minería privada siempre fue la privatización de Codelco», insiste.
«Cuando el año 2010 las mineras privadas controlaron la administración de Codelco, aprovecharon la ocasión para avanzar en su proyecto privatizador. Mediante un sencillo plan: destruir económica y financieramente a Codelco, creando artificialmente la necesidad de su privatización para salvar la empresa. Con el mismo objetivo conseguirían la derogación del 10% de las ventas a las FFAA, con el pretexto de destinar esos recursos para salvar a Codelco de la quiebra. Quiebra a la que conduce el elevado endeudamiento y la colosal caída de los ingresos», añade.
Por último, concluye: «La derogación de la atribución del 10% de las ventas a las FFAA es el objetivo que siempre han perseguido las transnacionales mineras, como paso previo a la privatización de Codelco. Baste con precisar que entre los economistas del PPD que solicitan la derogación figuran dos lobistas de la minería privada, Iván Valenzuela y Álvaro García».
Codelco caja pagadora
Otras voces apuntan a que Codelco ha funcionado como caja pagadora. Una de las más populares es que la estatal está repartida para los ‘Gutistas’ y los ‘Terceristas’ del PS.
«Los que no son de estos grupos no pueden entrar a Codelco ni a limpiar los baños. Estos dos grupos han controlado los recursos del cobre. Esto es el Lagismo!. Landerretche, hace dos años dijo «esto se define entre Lagos y Piñera», nos dice una fuente al interior de Codelco que prefiere mantener su anonimato.
Luego nos da a conocer una lista de «personajes claves» que funcionan como recaudadores para los partidos del orden. Nombres que Infogate se encuentra chequeando.
Al final de la lista están el propio Oscar Landerretche y Juan José Tohá, quienes tienen relación con un reconocido senador del PS.
«Por eso el tema de la Sexta Región es tan importante, porque está tratando a través de los gerentes sacar lucas (…) él es senador de una región entre comillas agrícola, pero las lucas no salen de la agricultura, salen de la minería. Y controlar Codelco es más que controlar territorio. De ahí saca lucas para su campaña», denuncia.
«¿Dónde están los negocios? está en el subcontrato. La irracionalidad del subcontrato tiene una lógica de corrupción. Aquí hay empresas claves: Geovita, ligada a la DC. Por el lado del PS tiene Gescam y SGA, de Jaime Solari», continuó.
«Tienes la empresa Schwager Service cuyo gerente general es Álex Acosta (PR), tienes la empresa HighService. En Gescam no hay dudas, hay una contratación de asignación directa firmado por Nelson Pizarro, como vicepresidente de operaciones norte, y esa era una pagada de favores, de aquí salen platas para el tercerismo», arremete.
«EcoMetales Limited dirigida por Iván Valenzuela, operador PS, es un paraíso fiscal.. aquí están las platas que se van a la política. He estado en Cochilco y les he preguntado si fiscalizan a las fiscales, recién ahora lo comenzarán hacer», remata.
Se trata de una empresa filial de Codelco Technologies Ltd (Bermuda), que ofrece soluciones ambientales a la minería y procesos para la recuperación de metales.
EcoMetales procesa actualmente, residuos provenientes de las Divisiones de Chuquicamata, Ventanas y El Salvador. Además de Codelco, busca activamente oportunidades para colaborar con otras compañías mineras.
¿Sobreprecio es la manera de sacar plata para la política?, preguntamos a nuestra fuente.
Y este nos responde: «Sobreprecio y donación a la política son respuesta a un favor: las licitaciones. A los contratos le meto otros subcontratos más pequeños».
«Además, las empresas contratistas tiene dos maneras para ganar plata: pagarle poco a sus trabajadores y demandar a Codelco. La empresa sigue el juicio, exige que le paguen todo de vuelta y si estamos coludidos: yo te pago de vuelta. Es prácticamente indetectable», nos comenta.
Respecto a la empresa Geovita, la ex senadora UDI Evelyn Matthei entregó más antecedentes sobre posibles irregularidades en los contratos que la cuprífera suscribió con Geovitta S.A., empresa dedicada a ingeniería y construcción en minas, la que entre 1998 y 2002 logró contratos con Codelco por un monto de 57 mil 266 millones de pesos y donde Julio Cifuentes Vargas, quien ocupó el cargo de gerente general de la división El Salvador fue fundador.
Aunque Cifuentes ya no tiene participación en la empresa, Geovitta ha firmado contratos por $31.223 millones, de los cuales $23.219 son para la división El Salvador.
«Hay una puerta giratoria entre Antofagasta Minerals con Codelco que es escandalosa. Todo grupo económico quiere tener un corazón económico. Echarle mano a los recursos de Codelco tiene pleno sentido económico», señala nuestra fuente.
Platas políticas
Otra figura importante en esta historia es abogado Cristián Quinzio, actual consejero jurídico corporativo de Codelco. Él formó parte del nacimiento de Asesorías y Negocios (AyN) de Giorgio Martelli.
Niega haber participado en la constitución de AyN de la forma como lo dijo Martelli en su declaración ante el Ministerio Público.
El recaudador de campañas oficialistas había dicho que la decisión sobre una eventual constitución de una sociedad se adoptó «por un conjunto de personas: Rosenblut (Jorge), Rodrigo Peñailillo, Quinzio (Cristián), quien dio su aporte legal como abogado, y yo (Martelli). Todos participamos en esas reuniones».
«Yo nunca sostuve ninguna reunión en conjunto con Peñailillo, Martelli, Rosenblut en circunstancia alguna y menos con ocasión de la gestión de la sociedad AyN», declaró.
«Mi participación en la constitución de AyN SpA es una actuación netamente profesional que no dice relación alguna con las motivaciones que habría tenido Giorgio Martelli u otras personas en dicha constitución», agregó.
Por último, nuestra fuente nos menciona a Juan Alberto Molina, abogado de la U. de Chile, militante del grupo tercerista del PS, asesor de los diputados de ese partido Melo, Lemus y Leopoldo Soto. Amigo del vocero Marcelo Díaz.
Según nos dice la fuente, Molina tendría alguna relación con la redacción de las conclusiones de las comisiones investigadoras de Codelco.
