La propuesta anunciada por la Presidenta Bachelet, de dar inicio a la tramitación del proyecto de educación superior en el Congreso, logró algo inesperado en estos días: un consenso absoluto. A nadie le gusta, ya sea porque no satisface expectativas, porque no define cuestiones que resultan claves, porque atenta contra la autonomía universitaria, porque es inviable, porque divide al CRUCH, no considera al G9, porque excluye a las privadas, no se puede financiar, termina con la educación mixta, etc., y etc.
La Presidenta cuando anunció su propuesta sorprendió a los parlamentarios oficialistas, los que cuestionaron la falta de acceso al contenido con antelación, tanto es así que como resultado de los trascendidos y la molestia de las Universidades del Consejo de Rectores CRUCH, en particular de la Universidad de Chile, se llevó a cabo una reunión urgente de la Nueva Mayoría , y éstos , en esa oportunidad, para su sorpresa, no recibieron el articulado que se mandaría al Congreso, generándose un fuerte debate sobre la ausencia de trabajo pre legislativo, en una reforma tan emblemática para el oficialismo.
A pesar de eso Bachelet, señaló en su discurso en La Moneda que el proyecto de ley era el resultado de un “arduo debate previo”, pocos entendieron a quienes se refería, porque todos sienten que no han sido escuchados, los parlamentarios comentan que el Ministro Eyzaguirre no ha jugado ningún rol y lo que es más grave es que fue éste quien colocó los pilares iniciales del proyecto que se está presentando. Con imaginación se debe haber referido a la Confech y a los rectores del CRUCH, por qué las instituciones privadas fueron descartadas de plano, de cualquier diálogo sobre la materia.
Sin embargo, las reacciones de estos privilegiados que participaron de este intenso debate, fue de total hostilidad, uno de los voceros de la Confech, Carlos Vergara, señaló que el proyecto de reforma llevaba a la regulación del sistema y no a la expulsión del mercado de la educación superior, que era la demanda de los estudiantes. El Vicepresidente del CRUCH Aldo Valle indicó: “que el proyecto consolidaba la cobertura privada de la educación y que el Estado se convertía en un gran comprador de docencia. En consecuencia, según Valle la educación seguirá respondiendo a una lógica de mercado que a una relación de carácter cívico”.
Cómo pidiendo disculpa la ministra de Educación Adriana Delpiano, por las insuficiencias del proyecto de ley, señaló “que era muy difícil desmontar un sistema de mercado en un año o dos.” Lo que contradijo las palabras de la mandataria en La Moneda, quien concluyó sus palabras indicando que con esta iniciativa “se consagraba la condición mixta de convivencia pública y privada de la educación superior”.
Pregunta ¿Y cómo se entiende el lamento de Delpiano por no ser capaz de desmontar un sistema de mercado si la presidenta señala que se está consolidando una educación mixta?
Esa es una de las tantas contradicciones, lo que, sumado a los cuestionamientos técnicos de la iniciativa, resultan ampliar la incertidumbre. En principio se establece la ruta que se debe seguir para alcanzar el 100% de gratuidad. Por ello el Estado, deberá elevar sus recursos. El sexto decil se incorporará recién en 2018, una vez que los ingresos estructurales como porcentaje del PIB tendencial (la capacidad de crecimiento de la economía de largo plazo estimada por un grupo de experto cada año) lleguen al 23%., y para eso se supone que la economía debe crecer mucho más de lo que lo hace ahora.
El ministro Valdés estimó que el séptimo decil de gratuidad recién se alcanzaría hacia fines del próximo gobierno. Es decir, “el 2022 refrendó “la diputada Camila Vallejo. Más críticos estuvo el ex ministro de Lagos, José de Gregorio quien indicó “que no va a existir gratuidad universal, dada la alta demanda, va a ser imposible implementarla. Me parece una forma equivocada de enfocar las políticas públicas” agregó el ex secretario de Estado. La ex directora de presupuestos del gobierno de Piñera, Rossana Costa, cuestionó el amarre que significa la fórmula,” que compromete recursos futuros, cuando legítimamente un gobierno puede estimar que el Sename o la salud pueden ser más prioritarios antes, que los estudiantes, de los decirles más altos, estudien gratis.
Pero a pesar de todo debemos reconocer un avance que desde hace mucho tiempo Chile, no se lograba. Se alcanzó un consenso transversal entre todos los partidos, las derechas y las izquierdas, la ciudadanía y los actores involucrados en la educación superior. El proyecto no da el ancho, ni para satisfacer las expectativas sembradas, ni para avanzar hacia una educación de calidad. En eso no hay dudas, se alcanzó un bien muy escaso en Chile: una aparente unanimidad.
