Esta tarde y luego de varios y duros intercambios de declaraciones a través de la prensa, en que las máximas autoridades bolivianas, han formulado todo tipo de amenazas a Chile y denostado a las autoridades chilenas lo que sin duda terminó por agotar la paciencia de La Moneda que, a través de la Cancillería, ha emitido una durísima declaración que entre otras cosas anuncia que “de aquí en adelante, las autoridades y funcionarios bolivianos que deseen ingresar al territorio nacional deberán hacerlo con visa, debidamente estampada en un Pasaporte”.

A continuación reproducimos completo el texto del comunicado de la Cancillería de Chile señala:

Comunicado del Gobierno de Chile

“El Gobierno de Chile denuncia que –tal cual fuera oportunamente señalado- la visita del Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia al terminal portuario de Arica ha demostrado ser una operación mediática para intentar desafiar la soberanía chilena y amplificar las falsedades que ya le conocemos al Gobierno boliviano.

A su ingreso a territorio chileno, la comitiva del Ministro Choquehuanca intentó negarse a cumplir con las normas de control fitosanitario que están obligados a respetar tanto los chilenos como los extranjeros que viajan a nuestro país; este abuso ha sido representado ayer en La Paz mediante Nota de Protesta a la Cancillería boliviana. Más aún, los miembros de la comitiva pretendieron no hacer siquiera los trámites regulares de inmigración, maniobra que no prosperó debido a la decidida acción de nuestras autoridades fronterizas.

Una vez en Arica, y pese a que con anticipación y mediante Nota Verbal del Consulado General de Chile en La Paz a la Cancillería Boliviana se había advertido que el Ministro no podría desarrollar en Chile actos de autoridad, el señor Choquehuanca trató de forzar su entrada al puerto sin respetar la reglamentación de éste y sin que se hubiese formulado oportunamente la solicitud de ingreso correspondiente. Cuando la autoridad portuaria concedió el permiso -en horario que no generara interferencia con las faenas y que permitiese el desplazamiento seguro de las visitas- el Ministro y comitiva realizaron denuncias irresponsables y falsas, repetidas posteriormente en Antofagasta.

En relación con estas debe aclararse lo siguiente:

Ni el Tratado de 1904 ni ningún instrumento bilateral sobre libre tránsito vigente entre Chile y Bolivia contempla la figura de “visitas de inspección” a instalaciones portuarias o de otra índole en territorio nacional;

Las instalaciones de la Agencia de Servicios Portuarios de Bolivia (ASPB) dentro de los recintos portuarios definidos para el libre tránsito no constituyen un enclave boliviano ni tampoco gozan de un régimen de inmunidades que permita el desplazamiento de autoridades de Bolivia como si estuviesen en territorio propio. En Arica y en Antofagasta hay un solo soberano: la República de Chile;

El libre tránsito no comprende la gratuidad de los servicios portuarios prestados a los exportadores e importadores bolivianos. Aun así, las tarifas aplicadas por los concesionarios de ambos puertos –que son públicas- no sólo no son discriminatorias sino incluso más favorables a los usuarios bolivianos que a los chilenos o personas de terceros países. Aquellas en Arica han sido reajustadas después de cuatro años;

De especial gravedad es el hecho que la ASPB mantiene una deuda con el puerto de Arica que a la fecha supera los 700.000 dólares. La negativa a pagar dicha deuda es totalmente injustificada, en particular cuando los cobros que ASPB hace a sus connacionales triplican y aún quintuplican los montos de las tarifas normales del puerto;

Chile ha otorgado a los usuarios bolivianos facilidades de almacenaje en los puertos y antepuertos chilenos que no están consignadas en el Tratado de 1904. Nuestro país –siempre dispuesto a convenir mejoras en la aplicación del libre tránsito- las ha concedido con posterioridad a dicho instrumento. Sin embargo estas facilidades no generan para Chile la obligación de ampliar los recintos de almacenaje cuando estos son copados por demoras de los usuarios bolivianos;

Aunque las empresas portuarias en Arica y Antofagasta han venido realizando cuantiosas inversiones para ampliar y modernizar los terminales –hecho objetivo que ha permitido absorber el incremento sostenido de las exportaciones e importaciones bolivianas- hay que subrayar que Chile no está jurídicamente obligado a expandir sitios de atraque, instalaciones y bodegas confinados por los límites geográficos y la normativa urbana de ambos puertos;

El libre tránsito no exime a las cargas bolivianas de las normas chilenas e internacionales para la protección del medio ambiente: ello es particularmente sensible en el caso de concentrados minerales, contaminados por metales pesados. La aplicación estricta de aquellas normas es crucial para garantizar a las poblaciones de Arica y Antofagasta el pleno ejercicio de su derecho constitucional a vivir en un ambiente libre de contaminación. Tales medidas ambientales se aplican a todos los usuarios de nuestros puertos.

Asimismo, el Gobierno de Chile está plenamente facultado bajo el Derecho Internacional para aplicar normas de seguridad en el transporte por carretera a transportistas. Estas normas de seguridad vial son exactamente iguales a las que se aplican a camioneros chilenos y de otras nacionalidades;

El libre tránsito de ninguna manera limita las facultades de la autoridad de Arica y Antofagasta para regular –conforme a la ley chilena y la práctica internacional- el desplazamiento urbano de los camiones bolivianos, incluyendo su estacionamiento, que debe efectuarse preservando por encima de todo la seguridad y la salud de la población.

Cabe observar que los elementos “de reclamo” levantados por el Ministro Choquehuanca en sus declaraciones a la prensa en Arica y Antofagasta –y supuestamente “descubiertos” durante esta visita- ya han sido planteados por Bolivia en el pasado. Todos y cada uno de ellos han sido debidamente respondidos por nuestro Gobierno, en base a los instrumentos jurídicos vigentes y la realidad que se vive en dichos terminales, por los que acceden al mar la mayor parte de las cargas bolivianas de exportación e importación.

Todo lo expuesto corrobora que, lejos de ser un operativo “de hermandad”, este viaje del Ministro Choquehuanca a Chile ha querido perpetrar una operación de propaganda sin la menor consideración sobre los costos que la misma tendría inevitablemente sobre las relaciones bilaterales. Esta es una grave irresponsabilidad del Gobierno Boliviano.

Nuestro país siempre ha estado dispuesto a dialogar con Bolivia sobre todos los temas de la relación bilateral, incluyendo aquellos asociados al libre tránsito, empleando las vías que abre la práctica diplomática y poniendo en juego los distintos mecanismos de coordinación y cooperación creados por nuestros países. El requisito indispensable para tal diálogo es el respeto y el cumplimiento de las reglas que aplican los Estados en sus relaciones, cualidades que han estado definitivamente ausentes en el accionar del actual Gobierno boliviano.

El abuso desafiante a la soberanía y a la ley chilena que ha pretendido inútilmente el Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia y su comitiva lleva al Gobierno de Chile a iniciar los trámites previstos en la Constitución para denunciar el Acuerdo entre Chile y Bolivia sobre exención del requisito de visa para los titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales, especiales y de servicios de 1995: de aquí en adelante, las autoridades y funcionarios bolivianos que deseen ingresar al territorio nacional deberán hacerlo con visa, debidamente estampada en un Pasaporte.

Esta medida, por cierto, no será aplicable a los restantes ciudadanos bolivianos, portadores de documentos de identidad, que residen o visitan nuestro país, los que continuarán siendo cordialmente bienvenidos en Chile”, finaliza el comunicado oficial.