“A la luz de los antecedentes expuestos, invitamos a la señora ministra de Justicia disponga su intervención en Gendarmería de Chile con la finalidad de que el servicio penitenciario deje ser una máquina pagadora de favores partidistas, familiares y compadrazgos personales”.

Estas palabras corresponden a uno de los párrafos de la carta que envió a la ministra de Justicia, Javiera Blanco, el 5 de mayo pasado la Asociación  Nacional de Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y auxiliares de Gendarmería (Adiptgen). La idea era comunicarle a la autoridad por escrito las anomalías laborales detectadas, para que se tomaran cartas en el asunto.

La institución vive una compleja situación luego de que hace una semana se hiciera pública la pensión de $5,4 millones de la ex esposa del diputado Osvaldo Andrade,Myriam Olate, y la propia ministra informara de masivas e irregulares licencias médicas de funcionarios y anunciara el despido de un centenar de ellos, todo lo que gatilló la renuncia del director nacional, Tulio Arce.

La propia ministra de Justicia admitió la semana pasada que la Presidenta Bachelet pidió “hacer causa común con el sentir popular. Es obvio que la gente frente a estas situaciones sienta ciertos abusos”.

LA CARTA A BLANCO

Dichos abusos fueron  detallados por los funcionarios de Gendarmería desde hace dos meses a la ministra, contra la cual alegan que nunca les respondió ni  realizó los ajustes que se le solicitaron, según aseguró la presidenta de Adiptgen, Viviana Camilo.

“Le dijimos lo que estaba pasando, y no nos hizo caso. No nos escucha y no atiende a los funcionarios. Pensamos que ella tiene que irse. No ha hecho buena gestión”, señala la presidenta de los funcionarios de Gendarmería.

Viviana Camilo asegura que no tuvieron respuesta de la carta, que también enviaron a la Presidenta Michelle Bachelet. Además, hicieron la denuncia ante la jefa de auditoría de la Contraloría,  que “sí tomó cartas en el asunto. La  ministra Blanco ha guardado todo debajo de la alfombra”.

En el escrito, el gremio de funcionarios señala que lo que “genera mayor inquietud” es el “proceso indiscriminado de mejoras de grados y nuevas contrataciones con grados por sobre el promedio de los funcionarios que llevan años de servicio”.

También alegan falta de transparencia y que no se cumplió el compromiso de Gendarmería de revisar los “cientos de aumentos injustificados de grado”, y revertir los que no tuvieran sustento técnico.

Los funcionarios le reclamaron a la ministra Blanco porque este año ha seguido la “mala práctica” de contrataciones directas, que en 2015 fueron el 81% de todas las contrataciones de Gendarmería. “Más grave aún, se recontrata a funcionarios en retiro con jubilaciones Dipreca en grados altos de la Escala Única de Sueldos, quienes ya gozan de pensiones dignas, constituyendo un despropósito mayor en circunstancias de que hoy se ha restringido el presupuesto de la nación”.

La Adiptgen cuestiona que en cinco años no se haya realizado concursos para la carrera funcionaria, lo que genera “incertidumbre y focos de conflicto. Los cargos en vacancia han sido designados en suplencia con la misma ausencia de criterio”, puntualiza la agrupación.