Sentimientos encontrados tenían los cerca de 60 funcionarios que trabajaban en el edificio consistorial de la Municipalidad de Huechuraba, debido a que la casona, construida hace más de 100 años, había sufrido severos daños con el terremoto del 27 de febrero de 2010.

Sabían que pronto sería demolida. Sin embargo, la tragedia podría significar la construcción de un nuevo y flamante edificio. Había también esperanza.

Lo que no conocían en ese momento era que se vendría, con el tiempo, una seguidilla de hechos que han imposibilitado la tan anhelada construcción. Fue así como los funcionarios fueron trasladados a otras dependencias, convirtiéndose éstas en permanente.

Fue entonces que se llamó a una licitación pública. Se hizo bajo la administración del alcalde UDI Eduardo Flores, quien reemplazó a Carolina Plaza cuando ella se fue a trabajar a la Dirección de Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio del Interior.

Entonces, aparecieron las primeras dificultades: Según las bases la ganadora del proceso fue la empresa Sociedad Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez y Compañía Limitada, pero la Municipalidad de Huechuraba se la designó a otra empresa llamada Constructora Dimar Limitada.

Rodríguez, en representación de la sociedad, acudió a la Contraloría General de la República denunciando supuestas irregularidades en la licitación. Una de ellas: la empresa Constructora Dimar Limitada no acreditó debidamente la experiencia que en su oferta indicó poseer.

La Contraloría estimó remitir los antecedentes a la Unidad de Sumarios de la Fiscalía de esa repartición para la instrucción de un proceso disciplinario destinado a establecer las responsabilidades administrativas que pudieran estar comprometidas en la situación examinada y al Ministerio Público, para los fines pertinentes.

Posteriormente, el 20 de junio de 2013 se presentó la siguiente denuncia ante Contraloría: “Sr Ramiro Mendoza, vengo a poner en conocimiento del órgano contralor los siguientes antecedentes en que se ha incurrido en la Municipalidad de Huechuraba”.

En el documento, el denunciante explica que “la Municipalidad de Huechuraba suscribió un convenio de transferencia con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo para el diseño y la construcción de un nuevo Edificio Consistorial en el año 2011”.

“Posteriormente, la Municipalidad llamó a licitación pública para la construcción de un diseño del nuevo Edificio Consistorial, adjudicando dicha propuesta la empresa de Arquitectos Iglesis y Prat Arquitectos Ltda., mediante Decreto Exento N° 2481 de 25 de noviembre de 2011”, agrega.

“Paralelamente, con fecha 5 de diciembre de 2011, mediante decreto alcaldicio N° 2662, la Municipalidad de Huechuraba llamó a propuesta pública para la “construcción de Edificio Consistorial de Huechuraba”. Dicha propuesta fue adjudicada a la empresa “constructora Dimar Ltda.”, acota.

Se dejó constancia además que un año después de la adjudicación y luego de haber aprobado el diseño entregado por la empresa Iglesis y Prat, el municipio informó a la Subsecretaría de Desarrollo Regional la inviabilidad del proyecto encomendado por el municipio y aprobado por el mismo.

“En mérito de lo anterior, en forma inconsulta y unilateral ordena una readecuación del diseño originalmente desarrollado, excediendo toda la atribución legal, sin mediar licitación pública alguna”, advierte el denunciante ante el ente contralor.

Precisa que el 7 de mayo de 2013, la Municipalidad de Huechuraba aprobó el anexo de contrato de fecha 22 de abril de 2013, por el cual se le encarga a la empresa Constructora Dimar Ltda. la adecuación del proyecto de Arquitectura, Ingeniería de Detalles y Especialidades del Diseño originalmente aprobado por la municipalidad.

Para proceder con esta adecuación la municipalidad declaró inviable la ejecución del diseño originalmente aprobado, arguyendo para tal efecto, razones de orden técnico, financiero y legales.

La municipalidad argumenta que el diseño desarrollado es inviable pues supera en más de 1.200 metros cuadrados el proyecto originalmente recomendado y en más de 500 metros cuadrados la superficie de estacionamientos.
Señala además que el terreno en que emplaza el edificio no pertenece a la Municipalidad de Huechuraba sino bien al Ministerio de Bienes Nacionales y que además éste sería un área verde.

“De dichas razones de inviabilidad para la ejecución de la construcción del diseño de Edificio Consistorial, se logra desprender que la Municipalidad está impedida de ejecutar el edificio diseñado, tanto en su morfología como en su emplazamiento. De este modo, es imposible que dicho diseño se “adecue” como se pretende hacer aparecer en este contrato. Se desprende que la Municipalidad de Huechuraba no encarga ninguna ‘adecuación’ sino más bien encarga la ejecución de un nuevo diseño de Edificio Consistorial”, afirma el denunciante.

“En ningún caso se ha señalado ni siquiera a modo de referencia que el diseño que se debe adecuar es el referente al ya aprobado por el municipio durante 2012. Se ha omitido deliberadamente un procedimiento esencial e irrenunciable, como lo es la licitación pública”, agrega.

“Ilegal resulta esta contratación, pues no informa de esta contratación al Fisco, sin prejuicio de que imputa este mayor costo de $140.000.000 a los dineros provenientes del Ministerio del Interior, sin individualizar la imputación a que se haría cargo presupuestario y excediéndose del máximo aumento de obras reglamentario permitorio. Tampoco hay constancia de que esta contratación, que excede las 500 UTM, haya sido aprobada por el Consejo Municipal ni tampoco consta el acuerdo para la contratación directa que se efectúa.Queda de manifiesto que la Municipalidad de Huechuraba ha urgido un procedimiento administrativo irregular a fin de contratar a una empresa para la ejecución de un nuevo diseño de Edificio Consistorial”, concluye.

El documento de la División de Infraestructura y Regulación de la Contraloría General de la República determina el 12 de diciembre de 2013: “Luego y aún cuando dichos requerimientos fueron rechazados por la SUBDERE la Municipalidad de Huechuraba a través del decreto alcaldicio N° 845, del 7 de mayo de 2013, aprobó un anexo modificatorio del contrato vigente para la construcción de su Edificio Consistorial en virtud del cual le encomendó al contratista efectuar la adecuación del diseño de dicha obra, debiendo emplazarla en otro terreno, precisando que los fondos de esa prestación “serán proporcionados directamente por el Ministerio del Interior a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo”.

Al respecto, advierte, “es posible observar que en la medida que dicha enmienda importa destinar los recursos de que se trata a un proyecto distinto del originalmente aprobado en términos de precio, superficie y ubicación, transgrede el convenio de transferencia sancionados por el reseñado decreto N° 403, de 2011, e infringe el principio de legalidad del gasto antes descrito y la regulación del Fondo de Recuperación de Ciudades”.

Finalmente, la Contraloría General de la República emitió un el informe de investigación especial N°11 de 2104 y que fue remitido al alcalde de Huechuraba con fecha del 10 de marzo de 2015 y establece:

– Se produjo un aumento en el monto considerado para la ejecución del diseño, toda vez que lglesis Prat Ltda., a cargo de este, determinó en su estudio que el costo directo de ejecución de la obra era de $1 .925.675.327, en circunstancias que la empresa contratista se había adjudicado la construcción por un valor directo de $1.627.803.081, correspondientes a las 73.113 UF señaladas en su oferta económica.

-Dichas situaciones ocurrieron puesto que el objeto licitado para la ejecución del citado edificio consistorial no estaba debidamente definido, ya que a la época, su diseño no se encontraba afinado, adjudicándose ambas contrataciones -diseño y construcción- con solo un mes de diferencia. Lo anterior, con vulneración de lo exigido en el punto 22, del artículo 4°, del decreto N°75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas -aplicable supletoriamente en la especie, según lo dispuesto en el numeral 2° de las bases administrativas generales del contrato de construcción-, que exige para tales efectos, la existencia de un conjunto de antecedentes que permita definir de forma suficiente la obra a realizar. Además, lo representado contraviene el mandato establecido en los artículos 3° y so de la ley No18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en orden a observar los principios de eficiencia y eficacia, y a velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos.

“Conforme a lo expuesto, esta Contraloría General instruirá un procedimiento disciplinario tendiente a determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios de la Municipalidad de Huechuraba involucrados en las irregularidades descritas en los numerales siguientes del título 11’10bservaciones», del acápite «Análisis», de este informe, a saber: 1a) y 1b), por la falta coherencia entre el contrato de diseño y el de ejecución del proyecto «Construcción del Edificio Consistorial de la Comuna de Huechuraba», 2a), 2b), 2c) y 2d). vinculadas a que el municipio no analizó los antecedentes de que disponía de la licitación de ambas propuestas (diseño y construcción) en relación con el presupuesto informado por la empresa constructora Dimar Ltda., 3) sobre la suscripción del anexo modificatorio del contrato de «Construcción de Edificio Consistorial para la Municipalidad de Huechuraba» con la empresa Dimar Ltda., 4) por el pago del anticipo del contrato de construcción previo a la entrega de terreno, y 5 a) y 5 b), vinculadas a la realización de dos contrataciones de diseño, y su repercusiones en los pagos”, concluye.