Este martes por ocho votos a favor y cinco en contra, la Comisión de Trabajo de la Cámara aprobó el veto presentado por la Presidenta de la República al proyecto que moderniza el Sistema de Relaciones Laborales, introduciendo modificaciones al Código del Trabajo.

Tras el requerimiento presentado por diputados de la oposición ante el Tribunal Constitucional, cuestionando disposiciones del proyecto de reforma laboral, el Ejecutivo optó por hacer uso de su facultad -contenida en el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política- para vetar parte del texto aprobado por el Congreso Nacional.

En sus argumentaciones, el gobierno explica que tras la decisión del TC, de declarar como inconstitucional las normas referidas a la titularidad sindical, que constituye -a juicio del Ejecutivo- una base fundamental para el necesario fortalecimiento de la organización de los trabajadores, es necesario revisar las restantes disposiciones «en aras de garantizar la eficacia de las normas y de restablecer los equilibrios perdidos en el sistema de relaciones laborales».

En ese sentido, añade, la supresión de las normas de titularidad sindical desequilibra el sistema propuesto de negociación de pactos sobre condiciones especiales de trabajo, como son la distribución de las jornadas de trabajo o el tiempo de preparación para trabajar. Por ello, para restablecer dicho equilibrio en las relaciones entre trabajadores y empresarios, se hace indispensable revisar las normas de quórum de negociación y eliminar tres de los cinco pactos de adaptabilidad contemplados en el proyecto aprobado previamente por el Congreso.

Los tres pactos eliminados corresponden a los que permitían pactar sistemas excepcionales de jornada de trabajo y descanso; los de horas extraordinarias y los referidos al sobre tiempo de preparación para trabajar y jornada pasiva.

Equilibrio de relaciones
Tras el respaldo de la Comisión al citado veto, el presidente de la instancia, diputado Patricio Vallespín (DC), recordó que el proyecto original tenía como objetivo equilibrar los derechos entre trabajador y empleador y fortalecer los derechos colectivos, y que la aprobación del veto va en la misma línea de buscar dichos equilibrios. «No era pertinente mantener estos contenidos cuando la titularidad sindical, que era fundamental (…) se había perdido».

Agregó que lo razonable era realizar una reforma constitucional, que dependía del apoyo de la oposición, pero, sostuvo el diputado Vallespín, «con una intransigencia inaceptable, a mi modo de ver (esta), ni siquiera quiso avanzar en un posible texto para compartir». Dijo también que están abiertos a avanzar en una salida, pero que este proyecto debía seguir su curso y promulgarse la ley.

Por su parte, el diputado Lautaro Carmona (PC) dijo que con estos cambios, van a estar cerca de una ley, «que no siendo todo lo que debió ser», tienen elementos importantes como la huelga sin reemplazo, pisos de negocación, información obligada para los sindicatos y «ha abierto un debate que transparenta posiciones e intereses que cada uno defiende en la politica nacional».

Remarcó que no había otro camino diferente al veto, porque en el proyecto habían ciertas concesiones entregadas en el escenario que iba a existir una fortaleza del sindicato para acortar la brecha de la desigualdad.

El diputado Tucapel Jiménez (PPD) manifestó que se ha dado un paso importante. «El proyecto va sin la titularidad sindical como hubiésemos querido, pero sí va con el fin del reemplazo en huelga y con una mayor participación de mujeres mediante un piso de negociación».

«Como siempre lo dije, el gobierno tomó el camino correcto de inclinarse por el veto respecto a los pactos de adaptabilidad y los quórum de negociación colectiva para los sindicatos, ya que éstos sólo pueden aplicarse si hay titularidad sindical. Y cómo esto último fue eliminado por decisión del Tribunal Constitucional, por petición de la derecha, el veto es lo que quedaba por hacer”, concluyó.

Desacato al TC
Por el rechazo al veto se pronunciaron los diputados de los partidos de oposición. Al respecto, el diputado Nicolás Monckeberg (RN) sostuvo que la presentación del veto «es grave e irresponsable, porque el gobierno incurre en un desacato, porque ignora claramente el fallo del Tribunal Constitucional que estableció algo básico que fue equiparar los derechos de los trabajadores estén afiliados a un sindicato o estén en un grupo negociador».

El legislador aseguró que el veto aprobado establece una nueva inconstitucionalidad, «porque hoy día una mujer que quiera adaptar su jornada de trabajo a su familia, solo lo puede hacer si está afiliada a un sindicato. Una mujer no afiliada al sindicato parece que vale menos y no va a tener el derecho a pactar esa adaptabilidad».

El diputado Patricio Melero (UDI) también adelantó que harán reserva de constitucionalidad, ya que el veto debió haber eliminado los cincos pactos de adaptabilidad que contenía el proyecto, y no solo tres. Sobre el punto arguyó que el gobierno dejó fuera dos pactos, por razones políticas -ya que estos eran iniciativa de las senadoras Goic y Muñoz- pero que hay un desacato a la norma constitucional.

Asimismo, criticó el camino adoptado por el gobierno, «en forma irresponsable, porque deja en los tribunales de justicia la resolución de muchas normas».

Enfatizó que siempre han estado abiertos a dialogar pero dentro del marco constitucional, que obliga a la oposición y al gobierno.

Finalmente, a nombre del gobierno, la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, respondió a los cuestionamientos de la oposición por el supuesto desacato del fallo del TC, señalando que «no conocía esa figura (…), no conocía que el tribunal tuviera facultades para ordenarnos legislar de una manera determinada».

La personera reconoció que les habría gustado alcanzar un acuerdo sobre el problema que provoca el fallo del TC, pero «no fue posible consensuar una reforma constitucional que nos permitiera legislar y regular estas materias». Añadió, sin embrago, que esto no tiene relación con la aprobación del veto supresivo en trámite, que responde a la necesidad de superar los desequiibrios que provocó el requerimiento de la oposición al TC.

Sobre las negociaciones regladas para los grupos negociadores, precisó que no hay regulación, y que era un tema que querían resolver y para ello buscaron acercamientos con la oposición, «pero el portazo fue de público conocimiento».

El veto será visto por la Sala de la Cámara este miércoles, para lo cual se destinará una hora, distribuida proporcionalmente entre las bancadas.