El miércoles 25 de mayo, el ex comandante en jefe del Ejército, general (r) Juan Miguel Fuente-Alba declaró en calidad de imputado por el presunto delito de incremento patrimonial injustificado.

La investigación comenzó en diciembre de 2014, cuando en medios de prensa comenzaron a circular publicaciones que relacionaban al ex oficial con un alto patrimonio, que, según antecedentes de la causa, ascendería a $ 1.000 millones, siendo que al terminar su mandato en el Ejército su sueldo era de $ 3.564.164.

Es por esto que, en esa ocasión, el fiscal a cargo del caso, José Morales, lo interrogó para determinar la forma en que obtuvo sus bienes raíces y diversos vehículos. Sin embargo, esta declaración no fue suficiente, por lo que el persecutor citó para la próxima semana al ex comandante en jefe.

La decisión, de acuerdo a fuentes del proceso, se debe a que en el primer interrogatorio se le preguntó por una parte de su patrimonio, por lo que era necesario seguir ahondando en el origen de sus bienes.

Según trascendió luego de la declaración del 25 de mayo, Fuente-Alba habría declarado que sus haberes los ha obtenido en base a ahorros producto de las misiones diplomáticas en el extranjero. “Todo mi patrimonio y actuaciones financieras han sido obtenidas legítimamente”, señaló ese día en un comunicado.

La fiscalía envió un oficio al Consejo de Defensa del Estado (CDE) dando cuenta de las posibles irregularidades para que decida si se querella o no. El organismo designó a la abogada consejera María Inés Horvitz para ver el caso y “se encuentran en pleno estudio de un importante volumen de antecedentes que ya se encuentra en su poder”, indicaron.