Este lunes el Jurado de Tribunal Federal de Orlando de los Estados Unidos declaró culpable al teniente en retiro del Ejército Pedro Barrientos de los cargos de tortura y asesinato en 1973 del cantautor Víctor Jara. Barrientos, ahora de nacionalidad estadounidense, además deberá pagar una indenmización la esposa de Víctor Jara, Joan, y sus dos hijas, Manuela Bunster y Amanda.
La Justicia norteamericana fijó el pago de una compensación por daños y perjuicios de 28 millones de dólares para la familia Jara.
De acuerdo con lo expresado por los abogados de la acusación, el monto de la indemnización obedece, entre otras cosas, a que el jurado encontró una fuerte “conexión” entre Barrientos y lo sucedido en el Estadio Chile, convertido en un centro de detención y tortura al comienzo de la dictadura del general Augusto Pinochet.
Según dijo a la agencia de noticias EFE la abogada Catherine Roberts, este veredicto supone un “mensaje no solo a otros perpertadores, sino también al gobierno de Estados Unidos para que agilice la extradición a Chile” de Pedro Barrientos.
Durante el juicio, el militar (r) negó conocer en esa época al destacado cantautor, quien falleció mientras tenían lugar otros crímenes en el Estadio Chile.
En su testimonio judicial, Barrientos aseguró que supo del cantautor y de los sucesos que llevaron a su muerte mucho tiempo después de ocurridos.
En cambio, varios testigos de la acusación, entre ellos ex oficiales chilenos, aseguraron que Barrientos era uno de los militares a cargo del Estadio Chile, hasta donde fueron llevados en calidad de detenidos el cantautor y un sinnúmero de estudiantes y profesores. Señalaron haber sido testigos de las torturas a los detenidos por parte de oficiales en los vestuarios del recinto deportivo, denominado en la actualidad Estadio Víctor Jara.
La viuda del cantante, director teatral y dirigente comunista, así como sus dos hijas, también rindieron testimonio en la corte a cargo del juez Roy Dalton, encargado de presidir este juicio tras la demanda civil presentada en 2013 por el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), con sede en San Francisco.
