Tremenda y áspera polémica se armó cuando Leo Méndez, flamante ganador de las escuálidas primarias de la Nueva Mayoría para elegir al candidato a alcalde de Valparaíso, dio una conferencia de prensa en Santiago con un destacado y colorido aviso publicitario del mega proyecto inmobiliario conocido como mall Barón que se desea edificar en el borde costero de la principal ciudad puerto del país. Fue muy criticado por mostrar ese aviso promocional.
El aspirante a alcalde retrucó verbalmente en términos que él no tiene relación con el titular de ese proyecto, una empresa filial de Falabella S.A., y que si es elegido por la voluntad soberana de los votantes, convocará a un plebiscito para que sean los ciudadanos los que decidan si se ejecuta o no ese proyecto de alto impacto. Méndez competirá en octubre próximo con Jorge Castro, actual alcalde UDI de Valparaíso, promotor del mall en cuestión y con un candidato a elegirse en estos días del conglomerado ciudadano Pacto Urbano La Matriz.
El plebiscito anunciado por el artista Leo Méndez no se podrá llevar a cabo porque la tramitación administrativa del mall está llena de vicios y a través de esta tribuna le diremos algunas cosas que le serán de utilidad para sus futuras confrontaciones electorales con sus 2 contendedores, quienes sí las conocen sobradamente porque ellos siempre han residido en Valparaíso y además porque las mismas se han publicado en los medios de prensa.
Antes que nada, él debe saber que los terrenos, con un total de 12 hectáreas, en donde se intenta levantar ese equipamiento comercial de alta carga de ocupación, le pertenecen a la estatal Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), la que se los concesionó por 30 años al actor privado del retail para que construyera su elegante y lucrativo chiche que tendría más de 135.000 m2 útiles y unos 1.500 estacionamientos.
En el permiso de edificación, cursado en febrero de 2013 por la entonces Directora de Obras de Valparaíso, se consideran más de 100 locales comerciales, 2 tiendas anclas, un supermercado, oficinas, restaurantes y un montón de otras actividades. El proyecto se acogió a la injustificada figura de Conjunto Armónico que le entrega al mismo diversos privilegios que redundan en mayores volúmenes. Colindante con el proyecto se localiza la bodega Simón Bolívar, antigua edificación protegida como inmueble de Conservación Histórica en el Plan Regulador Comunal de Valparaiso.
Ahora bien, como consecuencia de haberse detectado varias irregularidades en el permiso, algunos responsables ciudadanos porteños liderados por Jorge Bustos, se vieron en la obligación de recurrir ante los tribunales de justicia para que los magistrados de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ejerciendo sus atribuciones, exigieran el acatamiento a la ley, pero estos letrados sostuvieron que tales ciudadanos carecían de legitimación activa y que, por ser tan pocos, no representaban a nadie y así rechazaron el recurso de ilegalidad. Como esa frívola argumentación judicial era incorrecta, los ciudadanos fueron a la Corte Suprema, la que en un completísimo y didáctico fallo del 17 de mayo de 2016 revocó la sentencia de la instancia inferior, expresándole que conociera y se pronuncie próximamente sobre el fondo del asunto.
Por ser Valparaiso una ciudad patrimonial de valor urbanístico excepcional, la Unesco, tanto por dicho mall, como por una expansión portuaria, le exigió al gobierno de Chile que un experto colombiano elaborara un Estudio de Impacto Patrimonial, el que se conoció el 25 de mayo pasado y como todos conocemos su resultado, preferimos no referirnos a ello.
Como posiblemente Méndez no conoce las cláusulas del contrato de concesión, le avisamos que la mencionada empresa estatal se comprometió a entregarle un subsidio de US$20 millones a la empresa privada para que ésta mantuviera en buen estado de conservación las áreas verdes de ese mall, imprudente decisión económica que rechazamos de plano por ser lesiva para el interés común, ya que el concesionario debe asumir todos los costos asociados a su inversión.
Por otro lado, no podemos perder de vista que, cuando Ramiro Mendoza era el contralor general, el ente fiscalizador había impugnado el permiso de edificación porque tal equipamiento mayor debía enfrentar necesariamente vías expresas y/o troncales, lo que no se cumplía. A mayor abundamiento, la misma falencia expresó el arquitecto José Ramón Ugarte, representante del Minvu, cuando el 14 de enero de 2014 fue recibido en la Cámara de Diputados para abordar la situación.
También la sede regional de la Contraloría General objetó en días pasados una modificación al permiso del año 2013, por la sencilla razón de que la EPV no puede ampliar su proyecto para un terminal de pasajeros VTP, edificación que cabe solo en un uso de suelo “infraestructura”, en circunstancias que el permiso se otorgó para un destino de “equipamiento”. Esto le fue informado por el contralor regional de Valparaíso a la estatal EPV en oficio Nº 9935 del 13 de junio pasado, de tal forma que el mall Barón tendrá que apelar a sus “contactos” políticos de alto nivel para salir del atolladero en donde está.
Si Leo Méndez desea conocer todas las ilegalidades del proyecto, porque en esta relación de hechos hemos descrito algunas pocas, puede tomar contacto con los profesionales viñamarinos y porteños de la Fundación Defendamos la Ciudad o bien con el Colegio de Arquitectos de la V Región de Valparaíso, quienes con el mayor aprecio le dirán todo lo que él debe saber.
Por último, no podríamos creer, como aseguran algunos enojados vociferantes en Twitter, que los poderosos empresarios del mall Barón han estado financiando su campaña y en tal sentido él tiene la palabra para desmentirlos formalmente.
