En el curso de un proceso de fiscalización en la Municipalidad de Estación Central, ocurrido en 2013, funcionarios de la Contraloría se percataron de una curiosa situación: en el hall de acceso a la sede consistorial estaba desplegado una publicidad del Banco de Crédito e Inversiones (BCI). Preguntaron de inmediato por qué la propaganda de la institución bancaria -de propiedad del grupo Yarur- se encontraba al interior del recinto municipal. La respuesta los sorprendió: En el año 2012 se había suscrito un trato directo -sin licitación pública- con el BCI, que permitía promocionar sus productos financieros en recintos y actos municipales. Como también en el acceso a escuelas y liceos públicos.

«La Municipalidad de Estación Central se obligó a incorporar la imagen del Banco de Crédito e Inversiones en los eventos y actos que organice y que de común acuerdo definan; a instalar el logo de esa entidad privada en las entradas del edificio municipal, y en la publicidad exterior y callejera de tal repartición pública; a permitir el acceso a los establecimientos educacionales dependientes de ella, para la explotación de convenios bancarios, y a admitir el funcionamiento de un stand promocional de los productos financieros del mencionado banco en determinadas actividades del municipio«, señala el dictamen 20.243.

La Contraloría fue categórica: Los términos de estos acuerdos entre el BCI y la municipalidad «no se ajustan a derecho«. «Los municipios, salvo norma legal expresa, carecen de competencia para asumir obligaciones que resultan ajenas a la gestión propiamente comunal, como son aquellas que se refieren al desarrollo por parte de sus autoridades y funcionarios de acciones de publicidad en favor de una institución bancaria (…). No resulta procedente que en el edificio en el que funciona se realice en forma permanente publicidad a un banco, de manera tal que la imagen corporativa de dicha repartición pública se vincule con la de la institución bancaria», sostuvo el ente contralor.

En 2014, el portal Ciper Chile dio cuenta de esta situación y de otras irregularidades que tenían un mismo componente: una fórmula que da utilidades a bancos y alcaldes. «Los bancos manejan las apetitosas cuentas municipales a cambio de “aportes” para eventos culturales, los que en la práctica son millones de libre disposición de los alcaldes. Además, los bancos eluden impuestos porque obtienen publicidad que disfrazan como donaciones culturales«, señala el artículo de la publicación.

Tanto las municipalidades como otros servicios públicos, titulan estas licitaciones como; “Servicio de administración de cuentas corrientes”, explica al respecto el portal ComprasPúblicas.cl, que recuerda que el 20 de marzo de 2013, siendo Contralor Ramiro Mendoza, la Contraloría emitió un dictamen sobre “la improcedencia de lo actuado por ciertas municipalidades en relación a unos convenios por los cuales se obligan a desarrollar labores de publicidad en favor de un banco”.

En dicho pronunciamiento, básicamente lo que determina la CGR es que; “no procede que en las bases que rigieron los aludidos procesos concursales se hayan establecido cláusulas que permiten que se evalúe que los interesados hagan ofrecimientos adicionales que no guardan relación con el objeto de la contratación, sino con materias ajenas al mismo, como acontece con los mencionados aportes.”

En base a lo anterior, el organismo contralor indica que los municipios individualizados (Estación Central, La Granja y Valparaíso) “adopten, a la brevedad, todas las providencias que sean necesarias para que sus actuaciones se sujeten a las pautas establecidas por medio del presente dictamen.”

Los procesos de licitación para administrar las cuentas corrientes de los municipios datan de a lo menos una década, sin embargo; no fue hasta el mes de octubre del año 2011 -durante el gobierno de Sebastián Piñera- en que el Ministro de Hacienda Felipe Larraín anunciaba un importante cambio en la gestión de excedentes de caja de la Cuenta Única Fiscal (CUF).

La modificación consistía en abrir inversiones que tradicionalmente se manejaban con una institución -BancoEstado- al resto de la industria bancaria, dentro de límites de elegibilidad y de montos, a través de procesos de licitación abiertos”.

A 5 años de la implementación de esta normativa, instituciones públicas como: Sercotec, IPS, Ejército de Chile, Fonasa y más de una treintena de municipios, han externalizado el servicio de administración de cuentas corrientes. Los bancos favorecidos con estas licitaciones, -lo cual en términos simples, implica que la totalidad del presupuesto institucional es transferido al banco adjudicado para que este lo administre a través de los correspondientes pagos-, son: Banco BCI (18 licitaciones adjudicadas), Corpbanca (7 licitaciones adjudicadas), Banco Santander (6), Banco de Chile (2), BancoEstado (2) y Banco BBVA (2).

En promedio las licitaciones mencionadas tienen contratos entre los 48 y 60 meses, es decir; si el banco BCI que lidera el número de cuentas corrientes adjudicadas, con un presupuesto anual de 835,9 millones de dólares, en 4 años de contrato ingresarán a su administración la no despreciable suma US$3.343 millones.

Si la totalidad del presupuesto de las instituciones que han externalizado el servicio de cuentas corrientes, que suma a lo menos 3 mil millones de dólares, en 4 años de gestión, 5 bancos privados administrarán US$12 mil millones.

«Efectivamente, alguien tiene que hacer la pega y los bancos tienen un rol que cumplir, pero; ¿cuál es la relación costo beneficio?. Cuando transferencias, de esta envergadura, son traspasadas al mundo privado, a cambio de recibir un mejor servicio y beneficios cuestionados por la autoridad competente, queda claro que alguien, o no está haciendo bien la pega, o bien el llamado Lobby cumplió con su objetivo«, concluye ComprasPúblicas.cl

Revisa el listado de las instituciones que han licitado el servicio de administración de cuentas corrientes: AQUÍ