Este viernes llegó al país la Presidenta Michelle Bachelet y con ella la refocalización de la disputa legal que ahora mantiene con el empresario Alvaro Saieh dueño de la revista Qué Pasa y que este viernes vuelve a cargar contra la Mandataria con un punzante, agudo y desafiante editorial que en su párrafo final dice: “Nuestro compromiso es que todo el país, incluida la Presidenta, se siga enterando de los asuntos importantes por la prensa”.
También Qué Pasa compara a la Presidenta con sus pares de Venezuela, Bolivia, Argentina y Ecuador, por –según la revista- tener actitudes restrictivas hacia la prensa.
En tanto, el abogado de Bachelet, Juan Pablo Hermosilla, en entrevista en Radio Bio Bio defendió la demanda y acusó a la publicación y al empresario Alvaro Saieh de estar vinculado a la UDI, ahondando más la disputa que ahora toma ribetes ideológicos más que aspectos periodísticos.
“Cómo Copesa se esconde en el concepto de Libertad de Prensa. No nos olvidemos de quién es Copesa, no nos olvidemos de la posición ideológica de los dueños de Saieh y de los medios de Copesa y su actitud además en durante la época de la dictadura, me refiero a la actitud no solo de la revista Qué Pasa de le época sino de los dueños, de Alvaro Saieh de aquella época a qué partido cercano….” sostiene el abogado Hermosilla.
Así las cosas, la guerra entre La Moneda y Saieh es total.
El texto del Editorial de Qué Pasa señala:
“Al margen de los efectos políticos que esta amenaza directa contra la libertad de prensa y la libertad de expresión tenga para la mandataria y para quienes trabajan bajo sus órdenes, en Qué Pasa nos preocupa el efecto amedrentador que la acción judicial y las acusaciones públicas vertidas en contra del medio potencialmente pueden tener contra nuestros periodistas y contra los otros medios del país.
Por Qué Pasa Junio 3, 2016
La tarde del jueves 26 de mayo, Qué Pasa publicó en su sitio web algunas transcripciones tomadas del informe escrito enviado por el OS-9 de Carabineros al fiscal del caso Caval, que contenía el registro de la intervención realizada sobre el teléfono celular de Juan Díaz, uno de los imputados de esa causa. El objetivo de tal publicación era complementar la información que aparecería en nuestra sección “Ojos de la llave” de la edición impresa del viernes 27 de mayo, titulada “Los secretos de Juan Díaz, el operador de Caval”, donde se destacaba que a través de las mencionadas escuchas podía deducirse cuál era la estrategia —de amenazas para presionar por los pagos que reclamaba que se le adeudaban— del imputado Díaz en la causa. Dado que su declaración ante el fiscal del caso, Sergio Moya, fue declarada secreta por un tiempo limitado, la transcripción de sus llamadas, obtenida gracias al trabajo de reporteo activo del equipo periodístico de Qué Pasa, ofrecía pistas iluminadoras sobre las posibles próximas diligencias del fiscal y sobre el destino del caso en general. Lo más relevante de todo: cómo el imputado Díaz se refería a una de las socias de Caval, Natalia Compagnon, y su posible uso de su parentesco político con la Presidenta de la República. Por un error de procedimiento interno, el texto subido a la web incluía párrafos que, a juicio de los propios responsables de la revista, no cumplían con los estándares editoriales del medio, pues se mencionaban acusaciones graves contra terceras personas, incluida la Presidenta de la República. La dirección de la revista estimó que era indispensable que previamente se diera a conocer esto a quienes aparecían mencionados, para que hicieran sus descargos.
La medida tomada, de buena fe, fue reeditar la nota, eliminando los párrafos discutidos y publicar una nota aclaratoria sobre los cambios realizados, pidiendo disculpas a los lectores y a los aludidos.
Como medio de comunicación, asumimos y reconocemos que estamos permanentemente sometidos al juicio del público, y creemos en nuestra obligación de dar explicaciones y ofrecer disculpas cuando nos equivocamos, como lo hicimos en esta oportunidad. Respecto de nuestra publicación en papel, la edición publicada es la final, redactada y publicada relevando su factor noticioso: el foco de la nota era sobre el caso Caval, y el imputado en cuestión se estaba refiriendo a la presidenta. Este valor noticioso sería refrendado por el propio gobierno al informar, la tarde del viernes 27, que la presidenta Bachelet había prestado declaración ante el fiscal del caso Caval, en calidad de testigo, el martes 24. Una diligencia que se había mantenido en secreto y que sólo se dio a conocer tras la publicación de Qué Pasa.
El martes pasado, nos enteramos junto al resto del país, por las palabras del ministro vocero de gobierno, Marcelo Díaz, de que la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, había interpuesto una querella por injurias y calumnias contra cuatro periodistas de la publicación. Horas más tarde, su abogado, Juan Pablo Hermosilla, explicó en diversos medios que dicha acción judicial estaba motivada por la publicación de la mencionada nota en la sección Ojos de la llave, publicada en nuestra versión en papel el día viernes 27, y no la nota subida en la página web. Resulta, por decir lo menos, curioso, dado que el anuncio de posibles acciones judiciales fue anunciado por la presidenta el jueves 26, y considerando además que el abogado Hermosilla alude a “los periodistas que firman la nota”, siendo que las notas en esta sección no llevan firma y que la edición en papel no estaba en la calle (circula a partir de los días viernes).
Al respecto, como lo afirmamos en un comunicado dado a conocer el mismo día martes, en Qué Pasa rechazamos la presentación de esta acción criminal que intenta coartar la libertad de expresión. El hecho que la querella sea presentada por la presidenta en calidad de ciudadana no disminuye esta presión, ya que ambas calidades son inseparables. De otra manera no se entendería que la presentación de la querella fuera anunciada por el ministro secretario general de Gobierno. Como lo han argumentado expertos en derecho como el rector de la UDP, Carlos Peña, hacer esta distinción “posee un valor puramente retórico y carece de relevancia jurídica”.
En la mencionada publicación sólo se reprodujeron antecedentes que no estaban amparados por ninguna clase de secreto, eran de acceso público para los intervinientes en la causa, y fueron obtenidos legítimamente por los periodistas de este medio. La publicación en la revista de parte de la carpeta investigativa de la fiscalía en caso alguno constituye una falta, ni legal ni ética.
Para defender la libertad de expresión amenazada recurriremos a todas las instancias, nacionales e internacionales, tanto jurisdiccionales como gremiales, pues consideramos que los peligros relacionados con esta acción gubernamental, merecen reaccionar con la mayor fuerza.
El abogado de la presidenta, al explicar la acción judicial, ha repetido en varios medios acusaciones contra Qué Pasa que a nuestro juicio revisten una alta gravedad, involucrándonos en supuestos complots y presumiendo de nuestra parte intención de menoscabo contra la persona de la mandataria. Ha incurrido además en una serie de acusaciones que rayan en lo ridículo, como por ejemplo decir que Qué Pasa publicó sus notas del jueves y del viernes sabiendo que la presidenta había declarado el martes ante el fiscal, para generar un efecto de asociación intencional (es evidente, para cualquier persona con noción de realidad, que de haber tenido una información tan valiosa la habríamos publicado, anotándonos un acierto periodístico importante).
Lamentamos que la presidenta se haya inscrito en la historia como la primera gobernante en querellarse contra un medio de comunicación y contra periodistas desde el retorno de la democracia. Con esto ha pasado a unirse a una lista de gobernantes latinoamericanos en la misma senda: Rafael Correa, Evo Morales y Cristina Fernández. Al margen de los efectos políticos que esta amenaza directa contra la libertad de prensa y la libertad de expresión tenga para la mandataria y para quienes trabajan bajo sus órdenes, en Qué Pasa nos preocupa el efecto amedrentador que la acción judicial y las acusaciones públicas vertidas en contra del medio potencialmente pueden tener contra nuestros periodistas y contra los otros medios del país. Al respecto, sólo nos queda reafirmar que seguiremos haciendo nuestro trabajo, y defenderemos nuestro derecho a hacerlo donde lo tengamos que defender.
Nuestro compromiso es que todo el país, incluida la presidenta, se siga enterando de los asuntos importantes por la prensa”, remata la publicación que fija la postura del medio y entrega nuevos lineamientos de esta disputa legal que se torna ideológica.
