Este lunes, la Corte Suprema rechazó el recurso de casación y confirmó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $110 millones de pesos a la madre y hermanas de María Angélica Erices, mujer fallecida el 27 de febrero de 2010, producto del tsunami que afectó a la isla Robinson Crusoe.

La sentencia de la Corte Suprema confirma la responsabilidad del Estado, a través de la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior (Onemi) y del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), por falta de servicio al no advertir sobre el riesgo de tsunami en el territorio insular.

«Como adecuadamente concluyeron los jueces de la instancia, existen elementos de juicio suficientes para establecer que ambos organismos del Estado desplegaron un servicio de comunicación deficiente y no ajustado a los protocolos vigentes respecto de la alerta de maremoto que debía ser entregada a la población de Juan Fernández», dicta el fallo.

En esa línea, la sentencia agrega que «sin perjuicio de la gravedad del sismo, resulta evidente que tales reparticiones públicas no desarrollaron con eficacia las labores de prevención, coordinación y auxilio que el ordenamiento jurídico les había encomendado ante situaciones de catástrofes, todo lo cual permite afirmar que se incurrió en falta de servicio».