«Para todos los querellados la pena solicitada en concreto es la de 3 años de reclusión y multa de 150 unidades tributarias mensuales».
Así se lee en la querella criminal que presentó el martes 31 de mayo la Presidenta Michelle Bachelet contra cuatro periodistas de la revista Qué Pasaa raíz de una publicación online de las escuchas telefónicas que Carabineros realizó al operador UDI Juan Díaz en las que éste involucró a la Mandataria con supuestos beneficios económicos del negocio Caval.
La acción penal, presentada en el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, individualiza a la querellante como «Verónica Michelle Bachelet Jeria, médico, domiciliada para estos efectos en Palacio de La Moneda, calle Moneda sin número, comuna y ciudad de Santiago».
La querella acusa «delitos de injurias graves con publicidad» por parte de «don Juan Pablo Larraín Medina, en su calidad de Director de la revista Qué Pasa; don Francisco Aravena, Editor General del mismo medio; María José Tapia y Rodrigo Vergara, periodistas».
La presentación es realizada por el abogado Juan Pablo Hermosilla en representación de Michelle Bachelet y las penas solicitadas contradicen lo que el mismo jurista declaró el martes en radio Cooperativa, asegurando que ésta no buscaban la cárcel de los periodistas, sino que «cuestiones simbólicas respecto al control en libertad de las personas» .
Es notorio además que, si bien en la querella Bachelet no se identifica como Presidenta de la República -el Gobierno resaltó que lo hizo en condición de «ciudadana»- ya que fija su domicilio en el Palacio de La Moneda.
Por otro lado, ofrece como «testigos» a su jefa de gabinete, Ana Lya Uriarte, y al periodista Ascanio Cavallo, asesor del Gobierno para la defensa de Chile ante Bolivia en La Haya; además del abogado Marcelo Díaz Díaz.
La acción por «injurias graves con publicidad» repasa en 15 páginas los antecedentes y acusa que en este caso «se ha transgredido la libertad de expresión».
Además, acusa una «maquinación política» y manifiesta que «los contenidos eliminados por la revista hablan de una edición maliciosa«, lo que «permite inferir la intención de no informar, sino de afectar la honra y reputación».
Ayer miércoles el Segundo Juzgado de Garantía declaró admisible la querella de la Mandataria. Ahora el tribunal deberá llamar tanto a la parte querellante, el abogado Hermosilla, como a los representantes legales de Qué Pasa, para una audiencia en la que se discutirá el fondo de la querella.
Será en esa audiencia donde se determinará si se llega a un juicio o si se logra un acuerdo entre las partes.
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