El presidente de la comisión investigadora de la colusión del Papel Confort, diputado Daniel Núñez, afirmó que la inasistencia de los testigos de CMPC y SCA ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) sería parte de una estrategia para “boicotear” el proceso judicial y buscar la impunidad.
“El hecho que hoy día los ejecutivos de estas empresas, cuando se presentaron ante la Fiscalía hicieron uso de su derecho a guardar silencio, y que cuando no se presentan ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia implica que ellos están boicoteado esta investigación judicial y que están buscando la impunidad. Y eso nos parece extremadamente grave”, recalcó
En la sesión de este lunes de la comisión investigadora expuso el Fiscal Regional Metropolitano Sur del Ministerio Público, Raúl Guzmán, quien detalló las razones que obligaron al organismo a desistir de la investigación penal, luego que el TDLC, la Fiscalía Nacional Económica y la Corte de Apelaciones de San Miguel no les entregaran antecedentes catalogados de confidenciales, apelando al Decreto Ley 211.
“Lamentablemente tenemos que decir en esa línea el Fiscal entregó muchos argumentos de que pueden haber otros delitos que están relacionados con este caso de colusión, de distinto tipo, extorsión, ocultamiento y destrucción de pruebas, que impliquen delitos graves y que ellos no puedan ser investigados, porque hoy día estamos viendo un exceso de celo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia”, detalló.
Según el parlamentario, “la información confidencial no puede ir en contra de una investigación judicial y no puede haber un abuso de esta figura para en la práctica impedir que se juzgue a quienes hoy día han cometido un delito y lamentablemente no están recibiendo las penas ni las condenas que correspondan”.
“Los organismos públicos deben colaborar para perseguir los delitos, perseguir a los criminales, perseguir a los delincuentes. Y las empresas que se coluden, aunque sean empresas que tengan un patrimonio de millones de dólares, aunque sean empresas de nombre, de gente muy poderosa, como puede ser Matte, Luksic o cualquier otro empresario importante, tienen que responder ante la justicia, y tienen que hacerlo como cualquier chileno, como cualquier ciudadano que comete un delito”, enfatizó Núñez.
