El cambio de signo en Argentina, la crisis de Brasil y el escenario de conflictividad compleja en Venezuela, sumado a una segunda vuelta en Perú entre candidatos asociados a la derecha con distinto signo, la lógica de un gobierno de derecha en Colombia, la derecha de Paraguay, la social democracia en Uruguay y sin dejar de lado a Bolivia con un gobierno de corte socialista pero cumplidor de lo que exige el FMI; todo ello, en conjunto, constituye un panorama incierto y difuso.
Por una parte, tenemos gobiernos que intentan sobrellevar -si es que no soportar- la desaceleración económica mundial, donde China aparece como un actor primordial al demandar menos recursos naturales y generar un efecto global, el cual impacta con mayor intensidad a los países menos industrializados y dependientes de los commodities.
Las implicancias de todo ello son evidentes: un menor crecimiento, y con ello, un deterioro de las variables macroeconómicas fundamentales (desempleo, inflación y tipo de cambio, entre otras) con las consiguientes implicancias en el humor social de diversos grupos ciudadanos y políticos.
En este contexto, tenemos la evidencia concreta de la instalación definitiva de un proceso de globalización que impone a todos los países las reglas del juego para participar en la economía mundial y acceder a los recursos necesarios que posibiliten el poder generar las condiciones mínimas de sustentabilidad socioeconómica y también política.
Con este escenario, las ideologías, y entre ellas las denominadas de izquierda, quedan enfrentadas a un complejo cuestionamiento que se hace perceptible completamente al momento de una desaceleración global. Es el hecho de que las políticas sociales para disminuir la desigualdad, superar la pobreza y establecer condiciones dignas de vida a la población precisan de recursos económicos que solo se pueden obtener a través de un correcto manejo de las finanzas del país y una eficiente gestión gubernamental bajo criterios de transparencia, eficiencia y gobernanza.
De tal forma, aquellos gobiernos asociados a un pensamiento de izquierda quedan en una situación donde el mayor gasto que supone la implementación y mantención de las políticas sociales exige una mayor productividad bajo criterios de asociatividad entre Estado y Mercado o público-privado. Esta fórmula implica que si no hay aumento de productividad, difícilmente se pueden mantener las políticas sociales. Esta realidad es tan imponente que el caso de Grecia 2013-2015 (crisis de la Eurozona) aparece como un buen referente. Al efecto, allí se plantearon elecciones donde gana una expresión de la izquierda más ortodoxa para terminar aplicando los ajustes exigidos por los organismos financieros internacionales (Banco Mundial y FMI, entre otros).
Mientras los gobiernos de izquierda, desde la izquierda tradicional hasta el socialismo del siglo XXI, aumentan el gasto del Estado (ya sea para financiar políticas sociales o generar un clientelismo social y político con expresiones de corrupción inevitables), la productividad y la calidad de vida terminan generando un descontento social creciente que deviene en un cambio de signo político en aquellos países que han enfrentado elecciones. El caso de Argentina es emblemático en estos momentos.
El caso de Brasil, luego de la aprobación del impeachment de Rousseff y su alejamiento del cargo por 180 días mientras se decide su juicio, colocan a Michel Temer como Presidente interino, quien comienza con un cambio estratégico que abandona los lineamientos de los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) y asume una línea de conducción pro mercado que lo acerca a EE.UU., a los Tratados auspiciados por Europa y Estados Unidos frente a China -por ejemplo- y la adopción de una serie de reformas económicas en la línea del FMI.
En estas circunstancias, la izquierda tradicional e incluso la del siglo XXI ha debido asumir que la lucha de clases es insuficiente para generar un cambio como también lo es usar al Estado como financista único -y por medio de deuda- de las políticas sociales, sino que significa tener una fórmula que no nace del conflicto interno entre grupos sociales y/o económicos o entre ricos y pobres, sino que se precisa condiciones distintas a las planteadas desde el siglo XIX.
La desigualdad en cualquiera de sus manifestaciones exige un equilibrio entre Estado y Mercado, donde los componentes de eficiencia, transparencia (ética) y capacidad de control y regulación debe estar orientada al beneficio ciudadano. Esta sola condición hace que la izquierda quede desdibujada como opción ideológica de nuevos modelos de sociedad y posibilita el surgimiento de procesos de polarización social en un intento de canalizar la frustración y no cumplimiento de expectativas de la población.
En estricto rigor, ya no hay izquierda en América Latina, sino que subsisten distintas expresiones de una izquierda de los siglos anteriores pero entrampadas en cómo reformular la relación entre Estado y Mercado, de forma tal que sea compatible con el proceso de globalización y, especialmente, con las exigencias ciudadanas de control sobre la base de participación, transparencia y eficiencia.
Increíblemente, la derecha y sus distintas expresiones a raíz de cuya base le debiera ser más cómodo administrar el modelo de la Globalización, carece de la propuesta adecuada para sumar al crecimiento la sensibilidad ciudadana de mayor compromiso en la gestación de oportunidades y generación de condiciones efectivas de industrialización e inclusión social.
Hoy día el déficit ideológico de la izquierda es evidente. Baste ver sus niveles de fragmentación. Pero también la denominada derecha posee debilidades sociales que restan credibilidad a su capacidad de generar crecimiento.
Estamos en un proceso de cambio evolutivo marcado por la incertidumbre y con ello en la desconfianza, y donde los liderazgos son escasos.
