La situación que enfrenta la región de Los Lagos, particularmente Chiloé, no sólo ha sacado a la luz uno de las problemáticas medioambientales más grande de los últimos tiempos, también ha dejado en evidencia los vacíos en la normativa nacional en materia de política ambiental y cómo las consecuencias de la profundización del actual modelo de desarrollo deben ser asumidas por un sector de la población, acentuando la injusticia ambiental.
Para Daniela Escalona, geógrafa experta en conflictos ambientales de la U. Academia de Humanismo Cristiano “este conflicto viene a ser la evidencia de un proceso bastante largo. Es un problema a escala global que responde a una política de Estado extrativista. Estamos en presencia de un problema político-ético, de injusticia ambiental, porque una parte de la población debe asumir los costos de este modelo de desarrollo”.
Sostiene que esto no es nuevo ni en Chile ni en América Latina. Lo que ocurre en las últimas décadas, desde de los 90, es que hay una profundización del modelo y, peor aún, se ha expandido. “Tenemos una suerte de división de países que venden y otros que compran naturaleza. El extrativismo, palabra que incluso no está reconocida en la RAE, se caracteriza por ser una producción a gran escala de recursos renovables y no renovables; se trata de recursos naturales que se explotan con nivel de procesamiento nulo, lo cual hace que con la manera en que vendemos naturaleza la estemos desvalorando”.
Dicho modelo es justificado tanto para los gobiernos progresistas como neoliberales. Precisamente en estos últimos se encuentra el nuestro, el cual lo enfoca como una posibilidad de desarrollo en base a la venta de recursos naturales con altísimos costos socio-.ambientales.
“El hecho de justificarlo también les entrega una cuota de responsabilidad en las consecuencias en los conflictos. Además de ser justificado en el discurso, lo está también políticamente como, por ejemplo, con la facilitación tributaria que reduce pagos de empresas mineras, lo cual parte en los 90”.
En ese sentido, considera que en el caso puntual de Chiloé, el tema no pasa por buscar responsables sino por potenciar la movilización ciudadana. “Creo que no es tan importante buscar culpables, porque de la base que un desastre ambiental no es considerado un delito, lo que más podría pasar es que los responsables tengan que pagar multas mínimas de unos 11 millones de pesos, como ha ocurrido en otros casos similares. Lo que realmente importa es la movilización de las personas. Hoy, la política no se está haciendo desde la ciudad y la oportunidad política que se da desde los territorios es lo que puede cambiar el panorama”.
Por su parte, Tomás Sandoval, vocero en Santiago del “Movimiento Chilote”, considera que “más que hablar de extrativismo, debemos hablar de precarización laboral. En estos días hemos visto cómo el pueblo se ha levantado en una justa demanda, ha sido transversal a toda la isla. No sólo no hay trabajo, también se ha visto afectada la dieta de los chilotes, al ser los productos del mar su principal fuente de alimentación”.
A su juicio, es importante entender que “hablamos de trabajadoras y trabajadores del mar, debemos comenzar a introducir este concepto. No sólo se trata de pescadores, también son recolectores de orilla y personas que comercializan sus productos. En el origen de ser chilote está el mar, no podemos entenderlo sin su medio de sustento”.
Para Valenzuela, se debe dar solución urgente, debe haber una reconversión laboral y reactivación económica, así como una investigación y juicio a los responsables. “Esto no es un problema natural, es una catástrofe sociocultural. Hay responsables que están sentados en sus escritorios. Acá se actuó ilegalmente en base a la norma nacional e internacional”.
Domingo Lara, biólogo ambiental de la Universidad de Chile, explica que la situación que se da en el sur vislumbra múltiples causas preocupantes. “Por un lado, está la concentración de la llamada alga alexandrium catenella, lo cual provoca altas concentraciones de nitrato y fósforo en las profundidades. Además, hablamos de 9 mil toneladas vertidas con altos índices de antibióticos y químicos al mar”.
En cuanto a las responsabilidades, indica que “precisamente sobre la relación de la industria salmonera y la proliferación de esta alga, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Sernapesca, estaba al tanto desde el 2009. En la zona, esto tiene sus orígenes en la dictadura. En 1982 aparece la primera empresa y en 1986 ya hay indicios de las primeras denuncias, sin ninguna regulación ambiental”.
Es así como en los 90 se torna más crítica la situación. Chile se posiciona como la segunda producción de salmones a nivel mundial. “De estar muy atrás en la tabla, pasa rápidamente a lograr un importante ascenso. Las salmoneras en un periodo de 5 años aumentaron 15 veces su producción dentro del mar de Chiloé”.
A esto se suma, sostiene, que “la alga alexandrium catenella, cuando se presenta marea roja, deja una semilla en el mar que se mantiene por alrededor de seis meses, y en caso que se vuelva a dar las mismas condiciones se volverá a repetir el fenómeno”.
Escalona, Valenzuela y Lara abordaron esta crisis y sus implicancias en la población local en el conversatorio “Desastre Ambiental y conflicto político social en la isla grande de Chiloé”, organizada por estudiantes de Geografía de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
