Este viernes la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue procesada «por administración infiel en perjuicio de la administración pública» por el juez federal Claudio Bonadio, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la venta de dólar futuro en el final de su segundo mandato.

El magistrado también procesó al ex ministro de Economía Axel Kicillof, al ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli; y a otros doce imputados, según consta en el fallo difundido esta tarde por el Centro de Información Judicial (CIJ), dependiente de la Corte Suprema de Justicia.

El titular del juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, ordenó además trabar un embargo de 15 millones de pesos argentinos sobre los bienes de cada uno de los ex funcionarios sobre los que dictó el procesamiento.

La ex Mandataria, el ex ministro de Economía y el ex titular del Banco Central, son investigados por el presunto delito de «defraudación a la administración pública» que conlleva el haber decidido realizar operaciones de compra venta de dólar futuro a un valor inferior al establecido por el mercado, hecho habría generado una perjuicio en las arcas del Estado.

“Lo sustancial aquí es que al momento mismo de realizar esos contratos, se estaba soslayando olímpica y deliberadamente el verdadero precio de mercado, teniendo en cuenta el contexto económico imperante en el país, al cual el mercado como se ha visto no era ajeno”, sostuvo Bonadio.

“Esto deja en evidencia que tales autoridades tenían bien en claro que había un dólar (que podríamos denominar “legal”) a aproximadamente catorce pesos ($ 14)”, remarcó el magistrado en el texto del fallo.

La denuncia que abrió la causa fue presentada el 20 de octubre del 2015 por los entonces jefes de bloque de Diputados del PRO, Federico Pinedo; y el radicalismo, Mario Negri; en lo que fue el primer movimiento judicial del espacio Cambiemos, entre la primera y la segunda vuelta electoral para elegir presidente.

Los legisladores, asesorados por el actual ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay, sostenían que el Banco Central estaba generando un perjuicio patrimonial al Estado al Estado al venderá a 10 pesos algo que debía venderse a 15.

Aunque los diputados opositores no habían denunciado a la entonces presidenta, en febrero Bonadío la acusó de haber aprobado operatoria que habría representado “una pérdida de 17.000 millones de dólares” a la institución monetaria, según constaba en la imputación.

«Es impensable que una operación financiera de esta magnitud, en la cual en menos de 45 días hábiles se abrieron posiciones del BCRA de U$S 5.000 millones a U$S 17.000 millones (de dólares), que tendría claros efectos económicos y políticos en un futuro inmediato, sea desarrollada sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo Nacional”, sostuvo hoy Bonadio en su fallo de 147 páginas.

“Resultó evidente que la entonces Presidente de la Nación impartió instrucciones –que sin duda fueron elaboradas conjuntamente- a su Ministro de Economía para que esta operación financiera se lleve a cabo, procediendo éste a su vez a impartir directivas a los funcionarios del BCRA y por supuesto, a los directores de la CNV”, agregó.

En sus paso en abril por los tribunales federales de Comodoro Py en calidad de imputada, la ex mandataria resaltó el carácter autárquico del Banco Central y remarcó que si alguien generó un daño patrimonial al Estado fueron quienes generaron una devaluación en el tipo de cambio.

“Queda claro que el partido gobernante, a través de los jefes de sus respectivos bloques de diputados, fabricaron una causa judicial con la complicidad del juez Bonadio”, dijo la ex presidenta el escrito que presentó el 19 de abril para sostener que tras el alejamiento del anterior titular del BCRA, devino una devaluación de un 50 por ciento.

En el escrito la expresidenta le pidió al fiscal federal Eduardo Taiano que investigue la nómina de compradores de dólar futuro beneficiario con esa operatoria tras la devaluación, entre los que identificó a “funcionarios y empresarios del más estrecho vínculo con el Presidente de la Nación».

El delito de «defraudación a la administración pública», previsto en el artículo 174 del Código Penal, establece penas entre dos y seis años de prisión para quien le ocasionara las pérdidas al Estado.

Entre los procesados están, también, los ex funcionarios del Banco Central Flavia Marrodan; Barbara Domatto Conti; Alejandro Formento; Juan Cuattromo; Mariano Beltrani; German Feldman; Pedro Biscay; Sebastian Aguilera y Miguel Pesce.

Además fueron procesado los funcionarios de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Guillermo Pavan y David Jacoby: mientras que Bonadío dictó la falta de mérito para el secretario de Finanzas del ministerio de Economía, Pablo López, y las gerentas de la CNV Soledad Castro y Mercedes Geandet.