El proceso de «impeachment»-votado de madrugada- contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, está provocando reacciones encontradas en América Latina y el destino de la mayor economía de la región tendrá, sin duda, un importante impacto en toda la región.

La asunción de la presidencia del país por el hasta ahora vicepresidente, el liberal Michel Temer, durante 180 días (período en el que el Senado brasileño procederá al juicio político de Rousseff), representa un giro muy significativo para las organizaciones y gobiernos regionales.

No en vano, es un paso más en la reformulación del tablero político en Suramérica, dominado en los últimos diez años por gobiernos de tendencia centroizquierdista, y que en los últimos tiempos se está decantando hacia la derecha.

Las manifestaciones en los últimos días de autoridades nacionales y regionales indican que se abre un período de deliberaciones sobre cómo debe ser abordada la cuestión brasileña.

La llegada de Temer desafía, por un lado, a quienes promovían una estrategia regional en sentido Sur-Sur y de mayor atención a la cuestión social, golpeando de esta forma al debilitado «bolivarianismo».

Por otra parte, refuerza las tendencias hacia una reaproximación a los países desarrollados, en especial a los Estados Unidos, y a una mayor liberalización de las economías.

Una señal de la conmoción política que provoca la crisis brasileña fue el anuncio, durante su visita a Brasil esta semana, del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien anunció que haría consultas jurídicas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el proceso de destitución.

Almagro, excanciller del Gobierno del Frente Amplio en Uruguay, dijo que no había obtenido «respuestas satisfactorias» sobre las razones del juicio político contra Rousseff por parte de los senadores brasileños y el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski.

Expresó su preocupación, especialmente, por «los derechos civiles y políticos esenciales para el funcionamiento de la democracia».

La posición de Almagro fue respaldada por el presidente de la CIDH, el brasileño Roberto Caldas.

También el colombiano Ernesto Samper, secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) -una organización nacida a instancias del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el fallecido líder venezolano Hugo Chávez-, manifestó sus dudas sobre la legitimidad del proceso.

«No ha habido hasta el momento una sola imputación de fondo que comprometa la conducta de la mandataria», afirmó.

Así mismo, cuestionó el comportamiento de los legisladores, que «no han llevado adelante el proceso de destitución como jueces, sino simplemente como congresistas» con motivaciones puramente políticas.

«Llama la atención que haya votaciones de bancada para condenar a una persona, cuando lo que debería haber allí es un juicio», puntualizó.

«Para nosotros es una situación muy delicada que, de alguna manera, afecta la continuidad democrática en la región y la propia seguridad jurídica hemisférica», dijo el secretario de UNASUR.

Entre tanto, en Mercosur -que Brasil integra junto a Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela-, no ha habido consenso sobre cómo tratar la situación creada por el «impeachment», que para algunos sectores podría suponer una quiebra de la cláusula democrática del bloque.

Esta cláusula prevé la posibilidad de suspender a un país socio e incluso aplicarle sanciones comerciales o el cierre de fronteras en caso de ruptura del orden democrático.

En junio de 2012, cuando fue depuesto en un proceso parlamentario el entonces presidente de Paraguay, Fernando Lugo, el bloque sudamericano decidió suspender a ese país temporalmente.

Aunque la destitución de Rousseff aún depende del resultado del juicio político que se celebrará en el Senado, los argumentos de entidades como la OEA y la UNASUR podrían promover una discusión en el seno del Mercosur para evaluar la situación.

No obstante, las opciones de que el bloque tenga en el caso brasileño una posición similar a la adoptada con Paraguay en 2012 se reducen en función del cambio de escenario político regional.

En ese entonces, todos los países «mercosurianos» tenían gobiernos de centroizquierda, pero actualmente el paraguayo Horacio Cartes y el argentino Mauricio Macri se ubican en el campo liberal.

La semana pasada, la canciller argentina, Susana Malcorra, afirmó en audiencia ante el Senado de su país que sería «imprudente avanzar por el camino de la cláusula democrática», que implicaría excluir a Brasil del bloque.

El Gobierno de Macri, que se inició en diciembre, presenta fuertes coincidencias con la coalición política que sostiene al de Temer, no sólo en el plano ideológico, sino también en su visión sobre la inserción internacional del Mercosur.

Malcorra dijo que el Mercosur «necesita definitivamente un vehículo de vinculación hacia la Alianza del Pacífico», que integran Chile, Perú, Colombia y México.

La misma orientación defiende, por ejemplo, la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp), una de las principales entidades que impulsaron el «impeachment» de Rousseff y que apoyan al Gobierno entrante en Brasil.

En los próximos días, el debate sobre el proceso político contra Roussef en las instancias regionales se caldeará, lo que constituye uno de los muchos retos que se presentan al Gobierno de Temer en los inicios de su mandato provisional