Ciper Chile en su publicación de hoy da a conocer que el bufete panameño de abogados Mossack Fonseca (Mossfon) –utilizado por clientes de más de 200 países y territorios para crear sociedades pantalla en paraísos fiscales y jurisdicciones con sistemas tributarios blandos–, está en el centro de una polémica mundial. Y no solo porque la justicia brasileña detectara que sociedades creadas por Mossfon en Panamá habrían servido para blanquear dineros desviados de la estatal Petrobras en la “Operación Lava Jato”.
Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en conjunto con 109 medios de todo el mundo –entre ellos CIPER– dejó en evidencia los nexos ocultos que el bufete panameño ha mantenido históricamente con gobernantes, políticos, celebridades y empresarios en distintos países. También con “clientes” incluidos en listas negras internacionales, entre los que se cuentan estafadores, sospechosos de financiar el terrorismo, traficar drogas y proveer de armas a países azotados por guerras internas.
CAPÍTULO CHILENO
Mossack Fonseca, aunque formalmente abrió oficinas en nuestro país en diciembre de 2012 de la mano del abogado Juan Cristóbal Recart Salas, sus vínculos con Chile son de larga data y abundantes. Hasta ahora CIPER, según informa, ha identificado que desde fines de los ‘70 a la fecha, la firma panameña ha sido vehículo para la creación de cerca de 200 entidades offshore vinculadas a chilenos o a extranjeros con inversiones en Chile, en jurisdicciones como Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Seychelles y Nevada (USA).
Ciper detalla que entre los beneficiarios chilenos de las sociedades offshore creadas por Mossack Fonseca aún activas, figuran el ex presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), y socio del ex jefe financiero de la DINA, el abogado Alfredo Ovalle Rodríguez; el empresario Isidoro Quiroga Moreno,quien ha hecho millonarios negocios con la venta de derechos de agua entregados por el Estado; el dueño de la empresa El Mercurio S.A.P., Agustín Edwards Eastman; el ex ministro de Hacienda, candidato presidencial y hasta hace poco director de Soquimich, Hernán Büchi Buc; la familia Calderón Volochinsky, controladora de la empresa de retail Ripley; y los empresarios de las apuestas y juegos de azar, Luis y Lientur Fuentealba Meier, entre otros.
Mención aparte hace Ciper a los abogados que aparecen en estos registros actuando como intermediarios entre los propietarios reales de esas sociedades y el polémico bufete panameño. Allí se encuentra el presidente de Chile Transparente (capítulo chileno de Transparencia Internacional),Gonzalo Delaveau Swett, quien ha gestionado a través de Mossack Fonseca la administración de una serie de sociedades offshore con domicilio en Bahamas, desde las que se controla un millonario proyecto minero e hidroeléctrico en la V Región.
Ciper indica que la información disponible en los archivos de Mossack Fonseca vinculada a Chile no arroja evidencias de ilegalidades. Para romper ese cerco, se necesitaría contar con la información bancaria completa de esas sociedades y cruzar esos registros con bases de datos del SII y del Banco Central, pero esa información por ley se encuentra bajo secreto.
De las cerca de 200 entidades offshore vinculadas a Chile y que han sido creadas por Mossack Fonseca entre 1977 y 2015, alrededor de 70 están aún activas según los registros a los que tuvo acceso CIPER. A la mayoría de sus beneficiarios CIPER les envió una carta explicándoles de qué trataba la investigación y preguntándoles si sus sociedades offshore siguen activas; si éstas son poseedoras de cuentas corrientes; y si los dineros vinculados a esas cuentas se habían acogido o no a la repatriación de capitales durante 2015.
De las 50 cartas enviadas (muchos de los clientes de Mossack Fonseca tienen más de una sociedad),12 fueron contestadas.
Agustín Edwards no es el único empresario chileno con vínculos con Mossack Fonseca. Los registros secretos del bufete panameño muestran cómo el ex presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Alfredo Ovalle Rodríguez, montó una compleja estructura offshore en Panamá para administrar los capitales que generan sus inversiones en Chile, principalmente las relacionadas al grupo minero Las Cenizas.
En 1976 Ovalle, junto a su socio Raimundo Langlois Vicuña (ambos abogados), crearon la primera de una serie de empresas con el jefe del Departamento Financiero de la DINA, Humberto Olavarría Aranguren, ex oficial de Armada y amigo de Manuel Contreras. Algunas de esas sociedades fueron constituidas cuando Olavarría controlaba el aparato financiero de la policía secreta del régimen de Pinochet. Ovalle fue también el nexo entre Olavarría y el ex presidente panameño entre 1990 y 1994, Guillermo Endara Gallimany, a quien había conocido en Nueva York en la década de los ‘60. El mismo año en que Ovalle y Olavarría pusieron en marcha su primer emprendimiento, Endara constituyó varias sociedades pantalla para la DINA en Panamádestinadas a financiar la Operación Cóndor (ver reportaje de CIPER).
Mossack Fonseca fue el vehículo con el que Ovalle creó en 1987 la sociedad Sierra Leona, con domicilio en Panamá. Parte de las acciones de esa sociedad se emitieron al portador y otro tanto a nombre de otras dos compañías también registradas en ese país: Thames Global Corporation yBlue Hill Group Incorporated.
Sierra Leona es a su vez propietaria o tiene participación en una serie de empresas mineras, agrícolas y de inversiones en Chile de las que Ovalle es dueño. En octubre de 2008 todas las acciones de Sierra Leona fueron traspasadas a una nueva estructura creada en Panamá por el ex timonel de la CPC: la Fundación Bello Amanecer. En palabras de la propia firma Mossack Fonseca, una fundación offshore ofrece la posibilidad de mantener con mayor resguardo “la confidencialidad respecto del propietario de los capitales, incluso una vez disuelta”, “puede funcionar como un holding” y “como vehículo para recaudar royalties y otro tipo de retornos”, entre otros beneficios.
Alfredo Ovalle ha tomado todas las precauciones para mantener su identidad lo más desconectada de las entidades offshore que controla. La administración de Sierra Leona está en manos de un “directorio pantalla” conformado por ejecutivos de la propia Mossack Fonseca. Los mismos nombres se repiten una y otra vez en los directorios de cientos de sociedades creadas por el bufete panameño en distintos paraísos fiscales. Este directorio ficticio, con poderes para representar a la sociedad, recibe instrucciones de manera remota (por email) para formalizar en actas las decisiones que se toman en Chile respecto de reestructuraciones, aumentos de capital, apertura de cuentas bancarias y otras operaciones financieras.
Sierra Leona ha abierto cuentas corrientes con distintos bancos, como el HSBC, Credit Suisse y Multibank, domiciliados en Panamá. En los papeles de Mossack Fonseca no existen registros que permitan cuantificar el monto de los capitales que Ovalle maneja en ese país, aunque un correo electrónico de octubre de 2012 ofrece una aproximación.
El 16 de octubre, un alto ejecutivo de Mossfon le escribió a una subgerente del Credicorp Bank de Panamá explicándole que tenía un cliente chileno muy importante (Alfredo Ovalle) que necesitaba abrir una cuenta corriente. “Las sociedades son tenedoras de acciones de unas empresas chilenas que a su vez poseen acciones en una compañía minera allá en Chile. Las sociedades panameñas y las cuentas que tengan, se usan para recibir sus dividendos respectivos. ¿Tiene el Credicorp Bank algún reparo con esto? (…) El promedio sería de 1MM anualmente (NdR: un millón de dólares)”.
Ni Alfredo Ovalle ni Raimundo Langlois respondieron a CIPER.
La abogada Urrutia respondió a las consultas de CIPER: “No soy ciudadana chilena y, dado mi estatus, no me ha correspondido tributar en Chile en base a mi renta global”. Además señaló que la sociedad de Seychelles no tiene cuentas bancarias en ninguna jurisdicción offshore.
Otro de los clientes de Mossack Fonseca es el ex ministro de Hacienda de Pinochet, ex candidato presidencial y director de Soquimich (dejará el cargo a fines de abril),Hernán Büchi Buc. En los registros del bufete panameño, Büchi aparece como accionista de Compton Investment Inc., sociedad registrada en Seychelles en enero de 2011 y cuya directora es la abogada argentina y esposa del ex ministro, María Eleonora Urrutia. La sociedad se abrió a través de las oficinas de Mossack Fonseca en Montevideo, Uruguay, y según los registros aún se mantiene activa. En octubre de 2012, la mitad de las acciones de Compton fueron absorbidas por la sociedad Deleo International Corp., con domicilio en Islas Vírgenes Británicas, a la que los archivos de Mossfon identifican como “propietaria de inmuebles fuera de Uruguay”.
SUMA Y SIGUE… NOVOA Y MÁS
El presidente de Chile Transparente, Gonzalo Delaveau Swett mantiene una relación con la firma panameña desde al menos 2006, cuando integraba el estudio jurídico Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz. Delaveau, socio del estudio Honorato-Delaveau, es también director de la minera Andes Copper, compañía de capitales canadienses y titular del proyecto Vizcachitas para la extracción de cobre y molibdeno en Putaendo (V Región). El proyecto –que contempla la instalación de una hidroeléctrica de pasada– tiene en pie de guerra a la comunidad local por el uso intensivo que hará la minera de los recursos hídricos de la zona.
Mossack Fonseca aparece como el agente de al menos cinco sociedades offshore con domicilio en Bahamasvinculadas a Andes Copper y en las que el abogado Delaveau ha tenido un rol clave en calidad de director o secretario de algunas de ellas: Turnbrook Corporation(mayo de 2006), DK Corporation (mayo de 2011), Heatlhey International Inc. (agosto de 2011),Turnbrook Mining Ltd. (diciembre de 2011) yVizcachitas Ltd. (existe desde 2006, pero fue incorporada en diciembre de 2013 a los registros de Mossfon).
FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑAS POLÍTICAS
Desde Ripley no respondieron a CIPER. La empresa también está bajo la lupa del Ministerio Público luego de que rectificó ante el SII una serie de pagos por servicios no prestados y que habrían servido para financiar campañas políticas.
A fines de 2015, Mossack Fonseca en Panamá evaluaron integrar a su portafolio a la sociedad offshore Unioncuatror Ventures Corp., con registro en Islas Vírgenes Británicas. El beneficiario de Unioncuatror es el contralor de Sigdo Koppers y propietario de la empresa Andes Task Consulting, Alejandro Reyes Pizarro.
Andes Task saltó a la palestra a mediados de 2015 cuando se descubrió que los pagos de bonos por desempeño de los dos principales ejecutivos de Chilevisión, que en 2010 aún controlaba el ex presidente Sebastián Piñera, se hicieron a través de otras empresas, entre ellas Andes Task. Lo grave fue que los dos ejecutivos reconocieron no haber prestado servicios para esas empresas y que facturaron para ellas por instrucciones del gerente de Bancard, sociedad de Piñera. La historia fue ampliamente difundida por los medios de comunicación en los que se recogió la tesis de que Andes Task habría sido parte de un esquema de triangulación de dineros para financiar la campaña del ex presidente.
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