El Consorcio de Periodistas de Investigación (ICJC) dio a conocer la investigación “Panamá Papers”, revelando que Presidentes de Estado, Primeros Ministros, empresarios, deportistas y múltiples personajes públicos de nivel mundial han estado conformando empresas “offshore” en países denominados ‘paraísos fiscales’, en este caso Panamá, para evadir impuestos, realizar eventualmente lavado de dinero y otras cuantas maniobras económicas.
También aparecen chilenos en la lista de los implicados, como el ex futbolista Iván Zamorano; el recién renunciado presidente de Chile Transparente, Gonzalo Delaveau; el ex presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfredo Ovalle; el dueño de El Mercurio, Agustín Edwards Eastman; y el ex ministro de Hacienda, Hernán Büchu Buc, entre otros nombres.
Pero, ¿qué es una empresa ‘offshore’? “En términos sencillos, una sociedad offshore es una empresa que se crea en un país distinto al de residencia de los socios de la misma, la cual no realiza tampoco ninguna actividad económica en este país. Normalmente el país donde se crea la empresa se le conoce como un ‘paraíso fiscal’, cuya máxima característica es que las sociedades allí poseen ciertos beneficios o ventajas fiscales, principalmente de carácter tributario”, explica Arturo Farías, jefe de carrera de Contador Público y Auditor de la Universidad del Pacífico.
En cualquier parte del mundo se puede crear una sociedad ‘offshore’, pero su funcionalidad crece en países donde el régimen tributario de impuestos es bajo o nulo. “Las empresas offshore pueden establecerse en cualquier país, pero en la práctica principalmente lo hacen en ‘paraísos fiscales’, de modo que los ingresos que se reciben por esta sociedad puedan beneficiarse de sus ventajas fiscales. Por esto, los socios de estas sociedades normalmente desvían los ingresos que puedan percibir por sus inversiones a estas sociedades, de modo que no tributen en sus países de origen, es decir, donde tienen su residencia, sino que en este paraíso fiscal”, señala el experto en materia tributaria.
Por lo tanto, aunque en sí una empresa offshore no atenta contra la ley, lo que se puede derivar de su funcionamiento sí puede traspasar los límites. “Las sociedades offshore son empresas legales, pues cumplen con las condiciones que estipulan los países donde fijarán su residencia. El problema de estas sociedades con respecto a la legalidad puede estar relacionado con el origen de los recursos que se desvían a esos paraísos fiscales y el uso que se les pueda dar en los mismos”, puntualiza Farías.
Esta una práctica conocida en el mundo empresarial y en teoría cualquier persona podría crear una sociedad offshore en el extranjero para evitar pagar impuestos en su país. “Toda persona puede crear una sociedad offshore, tanto en Panamá como en otros paraísos fiscales, como las Islas Caimán, Islas Vírgenes, Bahamas, etc. Incluso existen estudios de abogados dedicados a estas actividades y que asesoran con todos los requisitos que se deben cumplir y realizan todos los procedimientos legales respectivos para crear estas sociedades”, señala el especialista de la U. del Pacífico.
Los “Panamá Papers” constituyen una de las mayores filtraciones de la historia, superior a dos WikiLeaks juntas. La información involucra a doce Jefes de Estado o Primeros Ministros, a múltiples políticos, deportistas, empresarios y otras personalidades públicas. En total, existen 214 mil empresas offshore en los archivos develados.
“Esta situación siempre se ha sabido. Los paraísos fiscales no nacieron ayer y desde su creación siempre el objetivo fue el mismo: aprovechar las ventajas y beneficios fiscales, principalmente tributarios, por ende, siempre estuvieron relacionados con el desvío de ingresos para evitar el pago de impuestos. Hoy día, el gran problema es que se rompió uno de los pilares de estos paraísos: el secreto de las operaciones y de las personas que hacían uso de estos beneficios”, concluye Arturo Farías.
