A inicios de marzo les contamos que la agrupación ciudadana Patrimonio Santiago Sur estaba denunciando la situación que afectaba a dos casas de la comuna de San Miguel. Se trata de dos inmuebles construidos a principios del siglo XIX que a pesar que no tienen una declaración patrimonial, eran reconocidas como tal por los vecinos, pero que estaban en riesgo de una eventual demolición.
El dueño de ambas propiedades es el Poder Judicial que considera levantar en el mismo lugar -calle Álvarez de Toledo (Nº 980 y 1020)- nuevas instalaciones para el Tribunal de Familia y la Corte de Apelaciones de la comuna que se traducen en dos edificios de siete pisos cada uno.
En ese momento, los trabajos de cercado del terreno ya se habían iniciado, el 26 de febrero exactamente, a pesar que el proyecto no contaba con los permisos para realizar esta labor. Fue así como los miembros de la agrupación y del medio Te Quiero San Miguel iniciaron una campaña para reunir el apoyo de los vecinos a través de la recolección de firmas que terminó por tener el respaldo de más de 2.000 personas.
Tras esto, las organizaciones en conjunto con los vecinos le enviaron una carta a la Corporación Administrativa del Poder Judicial en la que solicitaban que no se demolieran los inmuebles y se adjuntaba la documentación que apoyaba esta petición. Sin embargo, la carta no tuvo respuesta.
Días más tarde, la Municipalidad de San Miguel redactó una carta con el mismo objetivo. Esta vez sí fue respondida y en ella la Corporación explica cuáles son los motivos por los que “no resulta posible” mantener las viviendas, según consta en el documento.
En este sentido, primero se argumenta que en el permiso de edificación obtenido en septiembre de 2014 no se hace referencia a resguardos patrimoniales o conservación de estructuras existentes debido a que ambas casonas no poseen una declaratoria patrimonial ni están en un perímetro protegido.
Segundo, se menciona que “conservar la casona importaría modificar sustancialmente el proyecto”, agregando que esto conllevaría a bloquear la plaza de acceso peatonal, escalera y rampa de acceso para discapacitados al edificio, y que se reduciría la cantidad de estacionamientos que son requeridos por la normativa municipal.
Tercero, se establece que “cualquier intento por conservar la casona importaría un considerable incremento en los costos del proyecto y en los tiempos establecidos para la entrega de las obras”.
Lamentablemente, según nos cuenta Ignacio Venegas, coordinador de la Agrupación Patrimonio Santiago Sur, en los últimos días comenzó a ser desmantelado el interior de la casona ubicada en calle Álvarez de Toledo Nº 980, tal como se observa en las fotografías.
El caso que afecta a estas dos casas patrimoniales fue abordado por el ex presidente del Colegio de Arquitectos de Chile, Sebastián Gray, en una columna en la revista Vivienda y Decoración de El Mercurio. En dicha publicación, el arquitecto califica el proyecto de la Corte de Apelaciones de San Miguel como una propuesta con “un mediocre estilo arquitectónico”.
A esto agrega que esta línea es reflejo de las condiciones de licitación pública del Poder Judicial, mencionando que son impuestas a los arquitectos con “el diseño obligatorio de elementos absurdos y de pésimo gusto, como son pórticos y tímpanos infantiles, sobrepuestos a edificios modernos. En este último caso, es especialmente doloroso que sea un poder del Estado, otrora celador de la belleza y la verdad, el que propague la fealdad y la pobreza”.
En la misma columna, el arquitecto también destaca el valor arquitectónico de las casonas patrimoniales, mencionando que “constituyen la memoria viva del esplendor arquitectónico y paisajístico que la comuna desarrolló al comenzar el siglo 20”.
El proyecto del Poder Judicial es el que se observa en el siguiente afiche elaborado para la campaña de recolección de firmas.
Fuente: www.plataformaurbana.cl
