El adelanto de la gratuidad por glosa presupuestaria para el año 2016 es indudablemente un avance a conceptualizar la educación superior como un derecho social, y ya no como un bien de consumo adquirido en un mercado que, inoperante y forzado, ha conducido a una crisis profunda. El propio gobierno lo ha planteado como un primer paso para avanzar hacia una política de gratuidad más amplia (universal) que desmercantilice la educación.
Apoyando esta medida orientada a generar un alivio al gran endeudamiento de los estudiantes y sus familias, y a contribuir al aumento de la calidad de la educación superior, las universidades estatales advertimos que “la gratuidad con un sistema de voucher no serviría”, como tampoco podría superarse la crisis actual sin robustos procedimientos de regulación ni pretendiendo mantener dos modelos incompatibles. Con políticas crecientes de financiamiento a la demanda, el Estado subsidiario fue creando el mercado desregulado de la ES, e induciendo el crecimiento masivo de IES privadas sin adecuada rendición de cuentas, en desmedro de la Educación Superior Pública. Este es el corazón de una crisis que sigue vigente.
Sin duda, el voucher más emblemático en educación superior es el Crédito con Aval del Estado (CAE), no sólo porque desde su creación ha contribuido al crecimiento masivo del sistema privado en ES, sino porque además favorece a la banca privada con recursos estatales. En otras palabras, se ha utilizado recursos fiscales para financiar principalmente a instituciones privadas, algunas de ellas de mínima calidad, y otras que han sido públicamente cuestionadas llegando a extremos de investigación por lucro y por acreditaciones fraudulentas.
Al analizar hoy la ley de presupuestos en ES, vemos que la gratuidad ha debido conciliarse con un hecho tan evidente como problemático: continúa este 2016 el aumento del CAE (35,9% mayor que el año anterior), siendo incluso superior en un 16% al monto asignado para la gratuidad y representando la tercera parte del presupuesto total de Educación Superior del año. Se mantiene así al Estado como una fuente de recursos que se destinan a instituciones privadas sin que estas deban rendir cuentas. La lógica del mercado es lo que algunos intentan mantener, incluso tratando que el primer paso de gratuidad tome la forma de voucher o beca. Una lógica de oferta y demanda, del objeto que se compra y se vende. Hay que decirlo con claridad: si se traspasan los recursos fiscales destinados al CAE hacia gratuidad, esta alcanzaría de inmediato una cobertura del 70%, y si esa gratuidad se ejerce como financiamiento a las instituciones, dotando al sistema de regulación seria y favoreciendo el aumento de matrícula en las IES públicas, se terminaría con la crisis generada por el mercado. La pregunta es si hay esa voluntad política para una reforma de esta magnitud y urgencia.
