La Subsecretaría del Interior dio a conocer que pondrá en marcha una nueva política de seguridad pública en relación a menores de edad que sean condenados por dañar bienes de carácter público (señaléticas, vehículos estatales y municipales, semáforos, paraderos, etc.). Se trata de que los progenitores respondan civilmente por los perjuicios generados por sus hijos.

La determinación es el resultado de los costos que se generan en las distintas municipalidades y reparticiones estatales tras las marchas o incidentes relacionados con fechas emblemáticas como el 1 de mayo, 11 de Septiembre o el Día del Joven Combatiente que se conmemora el 29 de marzo.

El organismo que tiene la potestad para comenzar las demandas por este tema es el Consejo de Defensa del Estado (CDE). La Subsecretaría del Interior envió un oficio el 3 de marzo al organismo solicitando que se pronunciara si era posible hacer valer la responsabilidad civil de los padres de los menores y bajo qué requisitos se debería efectuar.

El CDE entregó su respuesta el 29 de marzo, y fija una serie de criterios para llevar adelante las demandas junto con un análisis de las normas del Código Civil que se deberían invocar.

El CDE indicó que se debería usar el artículo 2320 que señala “que toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado. Así el padre, y a falta de éste la madre, es responsable del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa”. Como ejemplo, citó el fallo que condenó a los padres de Aaron Vásquez  a pagar una indemnización de $ 262 millones a la familia de la víctima.

REQUISITOS

Los requisitos necesarios en caso de entablar la demanda:

1.-Que exista una condena y un proceso judicial concluido, los daños sean a bienes públicos

2.-Que haya documentación que acredite el monto del perjuicio

3.- Que no esté prescrito el caso

4.- Que existan bienes de los demandados que permitan ejercer medidas precautorias en caso de condena (propiedades, vehículos, etc).

5.- Que los menores residan en la casa de sus padres.

El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, señaló que “esto va dirigido a quien cause daño a la infraestructura o equipamiento público, es decir, adquiridos y financiados con fondos de todos los chilenos y chilenas. Debe haber un responsable de esos hechos. No se trata necesariamente de querellas penales, aunque también pueden serlo, sino demandar civilmente a padres de menores de edad que han participado en destrucción de bienes públicos”.

Respecto sobre cuándo se comenzará a aplicar esta política, Aleuy indicó que “inmediatamente. Cada vez que se tengan antecedentes de destrucción de bienes públicos, se perseguirá civilmente  a los responsables de dichos daños”.

VISIÓN ESTUDIANTIL

Sobre los alcances de la decisión del Ejecutivo, el vocero de la Coordinadora Nacional Estudiantes Secundarios (Cones), José Corona, dijo que deja la puerta abierta “para la represión del movimiento estudiantil. No creo que sea una medida correcta para acabar con la violencia dentro de las marchas porque el actuar de Carabineros y la arbitrariedad con la que se manejan, terminarán condenando a más inocentes que culpables. Muchas veces esos (detenidos) son estudiantes secundarios, menores de edad, que no tienen que ver y no son responsables de los destrozos”.