En enero de 2013, la Superintendencia de Servicios Sanitarios anunció que aplicaría un sumario en contra de la empresa Aguas Andinas. La razón: un corte que dejó sin agua a cerca de dos millones de personas, correspondientes a 21 comunas de Santiago, producto de un alud ocurrido en San José de Maipo.

El organismo finalmente dictó una multa en marzo de ese año de $797.662.800 (1.650 Unidades Tributarias Anuales).

La explicación de entonces fue que las precipitaciones en la cordillera generaron turbiedad en las aguas y con ello, la imposibilidad de operar a máxima capacidad su planta de tratamiento.

Todo ésto, ¿parece conocido?

Entonces, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) aplicó también una sanción contra Aguas Andinas: «Porque los usuarios no fueron informados oportunamente, impidiéndoles almacenar agua».

Luego de estps hechos, la superintendenta Magaly Espinoza encargó que Aguas Andinas entregara un plan de alternativas de obras. La empresa se comprometió a terminar un ducto y un estanque en la planta de tratamiento de Las Vizcachas.

El corte ocurrido en 2013 alertó a muchos sectores ante la precariedad del modelo de privatización de las sanitarias. Cabe recordar que en 2012 el Estado vendió los últimos porcentajes de propiedad que tenía sobre empresas sanitarias (35% en Aguas Andinas, 29% en Esval; 45% en Essal, y 43% en Essbio). El proceso se había iniciado en el gobierno del ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Tras la emergencia, el senador integrante de la comisión de Medioambiente, Antonio Horvath, integrante de la comisión de Medioambiente, dijo: «Hay un convenio que no conocemos de uso de las aguas para consumo humano aprovechado para energía eléctrica, lo que está en tribunales. Estos temas hay que resolverlos en forma transparente y privilegiar el consumo doméstico, y lo que sea compatible con manejo integrado para el riego, turismo o centrales de pasada. Pero en Chile no tenemos una política pública, bien definida y participativa».

Por su parte, el presidente del Instituto Ecología Política, Manuel Baquedano, afirmó en Radio Universidad de Chile que «las condiciones monopólicas que arrastra la enajenación estatal son detonantes de una situación abusiva y peligrosa para el Estado, sin herramientas para recuperar dominio ante recursos hídricos».

“Como era una estructura del Estado, cuando se privatiza queda en posición monopólica y privado, ni siquiera chileno, porque el agua es española, un primer problema. Segundo, en el caso de la producción de electricidad los derechos de agua fueron entregados gratis por el Estado a las empresas, y así Endesa pasó a ser de una empresa nacional a la principal empresa eléctrica y monopoliza todas las posibilidades del uso de agua”, acotó.

En tanto, el presidente de Conadecus, Hernán Calderón, declaró que “Como tenemos una entidad supervisora más preocupada de las utilidades de las empresas que los derechos de los usuarios, es que hay un montón de abusos consecuencia de ello. Empresas que cobran tratamiento de aguas sin tener la zanja o estos cortes abruptos, que si bien justifico el corte de Aguas Andinas por la medida, no se cumplieron los protocolos establecidos para la comunicación”.