Este jueves la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara revisó las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de agenda corta anti delincuencia, recomendando aprobar la mayoría de dichos cambios, con excepción de tres normas: la que sanciona las filtraciones, la que permitiría rendir prueba en ausencia del imputado y la facultad que se plantea otorgar a inspectores municipales para detener por flagrancia.

De esta manera, la instancia acordó proponer la aprobación de los cambios al control preventivo de identidad, pero sin el voto favorable de los diputados Leonardo Soto (PS) y Hugo Gutiérrez (PC).

Al respecto, el diputado Matías Walker (DC) señaló que este procedimiento fue mejorado en el Senado, al hacer la distinción entre los menores de edad donde este control solo puede ser ejercido en un espacio público.

Pero, por el contrario, el diputado Gutiérrez dijo que instaurar este control es «generar un estado policial y de sospecha generalizado», lo cual además es un atentado a los derechos y libertades ciudadanas.

El diputado Daniel Farcas (PPD), presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, llamó al gobierno a incorporar todos los adelantos tecnológicos -como el control biométrico- para que este procedimiento se realice en 14 segundos, y permita que se terminen «todas las dudas y problemas que existen en la Nueva Mayoría».

«Más del 80% de la ciudadanía está a favor de un control preventivo de identidad, está favor que los delincuentes estén en las cárceles, y que las 66 mil personas que tienen órdenes de detención pendientes, efectivamente se cumplan» dijo Farcas.

Filtraciones
Respecto de la norma que sanciona las filtraciones de investigaciones judiciales, el diputado Walker explicó la recomendación de rechazo en que pese a que fue solicitada por el Ministerio Público, esta no tendría relación con los objetivos de este proyecto, que es «terminar con la impunidad de los delitos que más afectan a la población (…) que son los delitos de robo».

En la misma línea, el diputado Leonardo Soto postuló que esta fue una forma que el Senado ideó para poder limitar la información de antecedentes relevantes públicamente y que ha conocido la ciudadanía, en otros tipos de delitos, y tiene otra finalidad.

El diputado Arturo Squella (UDI), por su parte, planteó que es probable que el texto sea derivado a una Comisión Mixta porque hay elementos que deben ser perfecionados.

Pero -manifestó- su preocupación por las cosas que quedaron en el camino. «Me preocupa que el gobierno no haya repuesto en el Senado, y por consecuencia no sea parte de esta ley, una sanción efectiva para quienes son condenados por robo en lugar habitado o destinado a la habitación, que es uno de los delitos que mayor temor genera en la población».

La agenda corta será debatida en la Sala de la Cámara en la sesión ordinaria del próximo martes 19 de abril.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos Indh, en octubre de 2013 elaboró un completo informe sobre las implicancias y riesgos para las libertades individuales del Control Preventivo de Identidad y sostiene que «La facultad de requerir la identificación de cualquier persona, en cualquier momento y sólo por el hecho de transitar por determinados lugares, constituye una limitación al pleno ejercicio del derecho a la libertad personal. Ahora bien, como cualquier restricción de un derecho ésta debe satisfacer ciertas exigencias en materia de derechos humanos. La libertad personal está concebida en términos amplios en la Constitución Política de la
República, incluyendo no solo hipótesis de privación de libertad si no también a la libertad
de circulación».

Lea el informe completo: Control de Identidad Preventivo
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