El Colegio de Periodistas de Chile, a través de su mesa directiva, expresó su preocupación por las informaciones y denuncias relacionadas con acciones de las fuerzas policiales, particularmente Carabineros, que afectan la labor de periodistas y comunicadores que cubren, particularmente, el conflicto chileno-mapuche.
La organización se refirió así a las múltiples ocasiones en que han recibido antecedentes donde profesionales de la prensa han visto obstaculizada su labor e, incluso, se les ha impedido esta a través de requisamiento de equipos y material periodístico, entorpecimiento de acceso a lugares públicos, agresiones, y detenciones y retenciones irregulares.
La última situación conocida afectó al fotógrafo Camilo Tapia durante un procedimiento policial que se desarrolló en la comuna de Ercilla el lunes 28 de marzo, en un colegio en Pailahueque. Según relatara el profesional, en la ocasión fue objeto de destrucción de su material de trabajo, agredido verbalmente y amenazado.
“Esta no es una denuncia aislada. Hemos conocido múltiples casos, algunos incluso han quedado registrados, de un uso desmedido de la fuerza para silenciar la legítima protesta de ciudadanos chilenos y mapuche. Y en esto, también la labor de profesionales de la prensa” señaló la mesa directiva.
“Nos preocupa que en el país las autoridades y parte de la ciudadanía haya naturalizado este tipo de acciones, lo cual incluso se está intentando institucionalizar a través de la Ley Corta Antidelincuencia y la actual discusión parlamentaria sobre le recrudecimiento de la Ley Antiterrorista que penaliza con cárcel a directores de medios de comunicación por eventuales filtraciones” indicaron. Incluso la Ley Corta Antidelincuencia “permitiría conculcar múltiples derechos civiles a través de instrumentos como el control preventivo de identidad, entre otras preocupantes medidas”.
El Colegio de Periodistas hizo un llamado “a la Presidenta Michelle Bachelet, a las autoridades y legisladores, a ver mecanismos para revertir lo que está ocurriendo, donde Chile pareciera avanzar más hacia un Estado policial que hacia uno verdaderamente democrático”.
Por último, se invitó a ciudadanos y profesionales de la comunicación que han visto vulnerados sus derechos en términos de libertades de expresión y acceso a la información, “a hacer las denuncias correspondientes, toda vez que mientras más se conozcan estas, más posibilidades existen de hacer que vayan terminando”.