Información proporcionada por el sitio OpenCorporates, una base de datos abierta del mundo empresarial, reveló que el ex Presidente de la República, Sebastián Piñera, está vinculado a dos sociedades offshore en Panamá.

Se trata de Chine Investments S.A. e Internacional de Sistemas de Tarjeta Inc.. La primera fue creada el 20 de julio de 1984. En esta sociedad anónima figura el empresario como presidente y director. Asimismo, aparece su esposa, Cecilia Morel, con los cargos de secretario y director, y su hermano, Pablo Piñera como tesorero y director.

La segunda, también sociedad anónima, fue creada el 10 de abril de 1985, donde Sebastián Piñera aparece con cargos de director y secretario.

Ambas empresas aparecen en los documentos con estatus: VIGENTE.

Esta información se cruza con una serie de documentos secretos del archivo de la estación local de la CIA que fueron desclasificados.

Los documentos desmienten lo dicho por el propio Piñera el 26 de junio y 1 de julio de 2009 cuando era candidato presidencial: «Yo fui siempre un opositor al Gobierno de Pinochet» y «La Corte Suprema decretó en forma unánime mi total inocencia», respectivamente.

El primer dossier dado a conocer por una investigación del periodista Francisco Herrero, tiene relación con un análisis de antecedentes sobre Sebastián Piñera Echeñique, ordenada por el Departamento de Comunicaciones de la Embajada de Estados Unidos en Santiago, que lleva el número WSA/Was/3215B.

Esta, compila datos de los años 1975, 1984 y 1990, y dice relación con el lavado de activos, constitución de empresas ficticias, cohecho y asociación ilícita, actos todos relacionados con la intervención y liquidación del Banco de Talca, en 1982.

Piñera figura específicamente en el numeral 4, relativo a la triangulación de empresas y lavado de activos por 85 millones de dólares, en relación al mencionado banco.

Según los antecedentes de la CIA, José Piñera Echeñique, Carlos Massad y Sebastián Piñera Echeñique son los autores intelectuales de la constitución de una serie de empresas ficticias para recibir créditos del Banco de Talca y “comprar acciones del propio banco”.

«En virtud de ella, se crearon cerca de ochenta empresas ficticias que utilizaban beneficios que otorgaba el Banco central de Chile para sus exportadores», señala el escrito.

Alguna de las empresas creadas para estos fines son: Infinco, Inversiones Río Claro, Indac, Inversiones Sevilla, Los Montes, Tamarugal, Laguna Verde, Forestal Los Lirios y Financiera Condell, entre otras.

Entre los ejecutivos y controladores de estas firmas aparecen mencionados José Concha, Susana Tonda, Patricio Barros, Antonio Krell, Joaquín Cordua, Eugenio Mandiola, Miguel Calaf, Herman Chadwick Piñera, Emiliano Figueroa, Alberto Danioni, Manuel Cruzat y Fabio Valdés.

Calaf S.A.C.I., Lan Chile, Bancard, Fincard y Aerolíneas Escandinavas, SAS., aparecen mencionadas por sus conexiones con el lavado de activos.

La justicia entonces formuló cargos contra los controladores del Banco de Talca, los socios de Piñera, Miguel Calaf y Alberto Danioni. Calaf y Danioni quienes estaban recluidos en la hoy desaparecida “Capuchinos”, donde iban a parar todos los “delincuentes de cuello y corbata”. Fueron condenados a tres años de cárcel.

¿Cómo se salvó Piñera? Según la investigación de la CIA los archivos Was/WDC/3215, dan cuenta de una reunión entre el Ministro Consejero para Asuntos Latinoamericanos, George Jones, con José Piñera Carvallo, padre de Sebastián y su primo hermano, Herman Chadwick Piñera.

En la cita se estableció una “acción de contrainteligencia” llamada “neutralización”, que consistía en sacar del país a Sebastián Piñera y trasladarlo a Argentina y México.

Esa ayuda provenía de Agila 1, denominación en clave que designa al Embajador de Estados Unidos en Santiago, cargo que en ese entonces desempeñaba el conservador James Theberge.

De igual forma, el documento informa de una reunión “con nuestros colaboradores” de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. Asimismo, un encuentro con el entonces Presidente de la Corte Suprema, Rafael Retamal, en la que se establece la “neutralización con apoyo logístico de José Piñera Carvallo y Herman Chadwick Piñera.

Sobre la defraudación del Banco de Talca, en específico, la investigación de la CIA consigna que todo se inició el 2 de noviembre de 1981, fecha en que el Banco de Talca fue intervenido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, debido a que se encontraba en estado cesación de pagos, con una deuda con el Banco Central cercana a los 40 millones de dólares.

La causa rol Nº 99.971-6, del 20 de mayo de 1982, fue iniciada por una querella presentada por el liquidador del banco, Eugenio Silva Risopatrón, contra los socios controladores y quienes resultaran responsables de los ilícitos que precipitaron la intervención y posterior liquidación del banco.

Entre los antecedentes relevantes que ha aportado la prensa se encuentra una publicación del diario La Nación:

“Según los querellantes, el capital y las reservas del Banco de Talca alcanzaban al momento de su intervención a los 40 millones de dólares. La investigación judicial determinó que los créditos irrecuperables otorgados por la institución financiera sumaban 250 millones de dólares. En su cartera de créditos, el Banco de Talca tenía más de 200 millones de dólares prestados a empresas relacionadas, es decir cinco veces su capital y reservas, cuando la ley permitía un límite máximo de sólo el 25% del mismo Pero había más. Las sociedades relacionadas no necesariamente tenían existencia legal y, según la investigación judicial, los controladores y ejecutivos del banco le otorgaron créditos a estas sociedades fantasmas sin ningún tipo de garantía. Según reconocieron los propios involucrados, estos créditos a empresas relacionadas estaban destinados a comprar con ese dinero acciones del propio banco. Ese era el modelo de capitalización que había ideado Piñera y sus socios desde las oficinas de Infinco, la sociedad de profesionales que constituyeron para asesorar al Banco de Talca en marzo de 1978. Según informó la prensa de la época, el grupo llegó a constituir 150 empresas sólo con la finalidad de operar de esta manera. Pero tampoco fue todo. El Banco utilizó además mañosamente los beneficios que el Banco Central otorgaba en la época a los exportadores. Fingió una serie de exportaciones, a través de empresas chilenas de papel a compañías panameñas, también de papel, según consta en el proceso en un informe del auditor Iván Goic”.

En septiembre de 1982, el juez instructor consideró las propias declaraciones de Piñera en el proceso: «Los créditos otorgados por el Banco de Talca eran una de las muchas fuentes de recursos de que disponían estas empresas, siendo posible que algunos de ellos hayan sido usados para propósitos distintos a la solicitud de crédito».

Miguel Calaf y Alberto Danioni contradijeron la versión dada por Piñera señalando que ellos se encontraban fuera del país y dejaron en claro que la operación fue realizada por Sebastián Piñera.

Por su parte, Patricio Roa, uno de los constituyentes, recuerda: «En el mes de junio (de 1980), no recuerdo bien qué fecha, el gerente general del Banco de Talca de esa época, Sebastián Piñera, me solicitó que fuera el representante legal de cuatro empresas que se estaban formando por necesidad del banco, y cuyos propietarios serían otras empresas del grupo Calaf-Danioni. Por considerar que era una muestra de confianza tanto de los dueños, como de la gerencia general, acepté el cargo ofrecido”.

Danioni aporta: «estas cuatro sociedades agrícolas fueron ordenadas constituir por el señor Sebastián Piñera, gerente general del banco, con el objeto de que se hicieran cargo de las deudas vencidas o por vencer del señor Alejandro Zampighi y que resultaban inconvenientes para el banco mantenerlas así vencidas, obteniendo así un mayor plazo para su cancelación».

El propio Piñera declaró entonces: «Reconozco haber estado en conocimiento de que estas empresas eran de reciente formación y que no eran sujetos de crédito solvente porque tenían escaso o nulo capital».